La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, de la causa en la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión se tomó tras una recusación impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. Según se desprende del expediente, Argibay habría tenido un vínculo previo con Toviggino a partir de una operación inmobiliaria, lo que fue considerado un elemento clave para su apartamiento.

Un expediente sin juez definido

Con esta resolución, el futuro de la causa quedó abierto. El otro juez federal de la provincia, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por razones de salud, por lo que deberá definirse un reemplazo mediante sorteo.

En ese contexto, no se descarta que el expediente sea remitido a otra jurisdicción, como Tucumán o Catamarca, donde también tiene competencia la Cámara interviniente.

Los fundamentos de la recusación

El planteo del fiscal se apoyó en una presunta relación entre el juez y Toviggino vinculada a la venta de una finca. La operación habría sido escriturada por un valor muy inferior al real, lo que despertó sospechas sobre la objetividad del magistrado.

La investigación

La causa apunta a presuntas maniobras en el manejo de fondos dentro de la AFA, con eje en una estructura de empresas y operaciones financieras ligadas al entorno de Toviggino.

El dictamen fiscal incluyó un pedido de detención para Tapia, Toviggino y otros imputados, señalados como supuestos testaferros en el circuito del dinero investigado.

Entre los elementos bajo análisis figuran transferencias millonarias, movimientos bancarios y reportes de operaciones sospechosas. En particular, se investiga el flujo de fondos hacia la firma SEGON SRL, vinculada al círculo cercano del tesorero de la AFA.

Según la fiscalía, esa empresa habría recibido más de $1.200 millones provenientes del gobierno de Santiago del Estero, además de transferencias directas desde la AFA, en una operatoria que —según se indicó— dificultaría la trazabilidad del dinero.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025, que también menciona posibles desvíos de fondos públicos en la provincia.

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