El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presente el escrito en el que deberá justificar sus bienes, tal como había solicitado el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía sostiene que Adorni registra gastos por $43 millones por encima de sus ingresos y que existen unos US$400.000 cuyo origen todavía no fue corroborado. El plazo original para presentar las explicaciones vencía mañana, pero ahora contará con 15 días hábiles judiciales adicionales.

La defensa, encabezada por Matías Ledesma, argumentó que no había podido revisar toda la documentación y los archivos mencionados por Pollicita en el pedido de justificación patrimonial.

El pasado 10 de agosto, el fiscal había intimado a Adorni a explicar el crecimiento de su patrimonio. Según Pollicita, la medida abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos que, al ser comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no tendrían hasta el momento una explicación suficiente.

El fiscal señaló además un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como funcionario público, hasta el 27 de junio pasado, cuando dejó el cargo.

El requerimiento, de 207 carillas, no fue difundido públicamente debido a que contiene información bancaria y patrimonial reservada y fue enviado directamente al juez Lijo.

Si los investigadores consideran insuficientes las explicaciones de Adorni, podría ser citado a indagatoria. El fiscal puede solicitar esa medida, aunque la decisión de convocarlo a declarar como acusado corresponde al juez.

El pedido de Pollicita se basó en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario, elaborado por un organismo especializado del Ministerio Público.

En su presentación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni deberá aclarar, entre ellos el origen de los dólares declarados, distintas operaciones inmobiliarias y la trazabilidad de los fondos.

Según fuentes oficiales, durante el período analizado Adorni percibió 35 sueldos, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su cónyuge. En total, los ingresos del grupo familiar alcanzaron $229.752.283,20, mientras que los gastos fueron de $272.820.832,20, incluyendo tarjetas de crédito, seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes. De acuerdo con la fiscalía, la diferencia asciende a $43.068.549.

A esto se suman US$402.578,12 cuyo origen no estaría corroborado, fondos que habrían sido destinados a la compra y refacción integral de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento ubicado en Miró al 500 y el mobiliario de esos inmuebles.

Pollicita también reclamó explicaciones sobre distintas “fuentes de financiamiento”, entre ellas préstamos atribuidos a dos familiares cuya realización, entrega y evolución no habrían sido documentadas, además de ingresos exentos, herencias y donaciones utilizados para explicar parte del crecimiento patrimonial.

Por último, el fiscal pidió que Adorni explique compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que se encontraban bajo su dependencia y que detalle las operaciones realizadas con criptoactivos, que no habían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción.

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