Luego de una serie de siniestros viales de gravedad registrados en la zona de La Frontera, el Municipio de Pinamar avanzó con un decreto que endurece de manera significativa las sanciones contra la circulación indebida de vehículos motorizados en playas, dunas y sectores no habilitados.
La medida se adoptó en un contexto de fuerte conmoción social, marcado por accidentes con heridos de gravedad. Entre los episodios recientes se registraron choques protagonizados por UTV, cuatriciclos y camionetas 4x4, incluido un violento impacto entre un UTV y una Volkswagen Amarok que dejó a un niño de 8 años internado en estado crítico, además de otros hechos con lesiones severas.
Frente a este escenario, el Departamento Ejecutivo dictó un decreto con fecha 16 de enero de 2026, que reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N.º 4794/16, incorporada al Código de Faltas local. El objetivo central es frenar la circulación de vehículos motorizados fuera de los espacios expresamente habilitados, una práctica reiterada pese a las prohibiciones vigentes.
Multas más altas, secuestros y costos a cargo del infractor
El nuevo régimen establece multas que van de 8.500 a 25.000 módulos, según la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia. Además, los agentes municipales quedan facultados para retener preventivamente y secuestrar los vehículos cuando la conducta implique un peligro cierto o potencial para la vida, la integridad física de las personas o el ambiente.
Uno de los puntos más contundentes del decreto traslada al infractor la responsabilidad económica total por las consecuencias del siniestro. Esto incluye la atención médica, internaciones, estudios, medicación, traslados sanitarios y operativos de emergencia.
A su vez, se imputarán los costos por uso de recursos humanos, móviles, maquinaria y equipamiento municipal, así como la intervención de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil, Fiscalización, Protección Ciudadana, Servicios Urbanos y Ambiente.
El texto también contempla la reparación, recomposición o mitigación de daños ambientales, la limpieza y restauración de los espacios afectados y cualquier otro gasto que resulte necesario como consecuencia directa del hecho. El Municipio se reserva, además, la posibilidad de reclamar administrativa o judicialmente el recupero total de esos costos al infractor y al titular registral del vehículo involucrado.
Desde el Ejecutivo local remarcaron que la circulación indebida de estos vehículos pone en riesgo la vida de conductores, acompañantes y terceros, y genera un impacto negativo sobre el ambiente natural, el espacio público y los recursos operativos municipales.
La norma exceptúa de la prohibición a los vehículos de rescate, emergencia y seguridad, y fue dictada ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. Mientras tanto, el debate continúa en la comunidad, atravesada por la preocupación creciente ante accidentes evitables y sus consecuencias.
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