El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo Código Penal tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en la Quinta de Olivos.
El Ejecutivo confirmó que la iniciativa buscará reformular de manera integral el sistema penal, con un enfoque centrado en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. “Hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó el titular de la cartera judicial.
Según se informó, el proyecto apunta a actualizar la normativa vigente en materia de seguridad, con el objetivo de dar respuesta a nuevas modalidades delictivas y reforzar la intervención del Estado frente al crimen.
En paralelo, el Gobierno trabajará junto al Congreso de la Nación Argentina en una serie de modificaciones parciales que incluirán la armonización y endurecimiento de penas. Entre los delitos que se buscará tipificar o reforzar figuran las estafas piramidales, las “viudas negras”, las entraderas y salideras, así como los hechos cometidos por motochorros.
Asimismo, la iniciativa contempla nuevas sanciones por daño animal, portación de armas en cárceles, picadas ilegales e incumplimiento de deberes alimentarios. También pondrá el foco en delitos como el grooming, el abuso sexual infantil y la regulación de actividades informales como los denominados “trapitos”.
El nuevo esquema penal incluirá además figuras vinculadas al crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y delitos informáticos y financieros, con especial atención en el lavado de dinero mediante activos virtuales y el uso indebido de información privilegiada.
En cuanto al diseño del proyecto, Mahiques buscará modificar la base del Código vigente en lugar de ampliar su extensión, con el objetivo de lograr un texto más técnico, ágil y adaptado a las necesidades actuales del sistema penal.
Reunión con la Corte Suprema y vacantes judiciales
En paralelo, el ministro mantuvo su primer encuentro institucional con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Durante la reunión, se abordó la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en el sistema judicial entre jueces, fiscales y defensores oficiales, una situación que impacta en la duración de los procesos y en la carga de trabajo de los tribunales.
El Gobierno ratificó su compromiso de avanzar con el envío de pliegos al Senado y analizar mecanismos de integración transitoria, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio de justicia y fortalecer la coordinación institucional.
