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Ignacio Otegui reveló en los estudios de GABAL que participó del proyecto SPRINT y que, de acuerdo con los resultados que recibió, se detectaron nueve agroquímicos en su sangre. A partir de esa experiencia, reclamó que el debate se concentre en el acceso a la información, el acompañamiento a los participantes y el cuidado de la salud.

El dirigente explicó que fue convocado luego de haber participado en encuentros vinculados con cuestiones ambientales. Antes de incorporarse, mantuvo una conversación con la investigadora Virginia Aparicio sobre las características del estudio y firmó el protocolo correspondiente: “Tengo nueve agroquímicos en sangre”, manifestó. También señaló que había difundido sus resultados en redes sociales, aunque posteriormente retiró la publicación por los ataques que, según relató, recibió.

Durante la entrevista no se detallaron las sustancias detectadas, sus concentraciones ni una evaluación clínica de esos resultados.

Otegui puso especial énfasis en las condiciones en las que los participantes debían recibir la información. Consideró que los organismos involucrados tendrían que haber ofrecido un ámbito de explicación y contención, teniendo en cuenta el impacto que los resultados podían generar en cada persona: “Yo firmé un protocolo, no se lo firmé a Virginia Aparicio: se lo firmé al INTA y al CONICET”, expresó. Desde esa perspectiva, cuestionó la respuesta institucional que recibieron y sostuvo que el acompañamiento no debía quedar limitado a la investigadora.

También informó que el martes acompañó a Aparicio a una reunión en la Cámara de Diputados bonaerense, gestionada a partir del contacto con el diputado Cote Rossi. Según explicó, durante el encuentro se abordaron tanto la situación de la científica como posibles herramientas para mejorar los controles sobre el uso de agroquímicos.

Entre los temas mencionó el almacenamiento y descarte de envases, la circulación y guarda de equipos pulverizadores y el control de las recetas y las aplicaciones.

Respecto del sumario que involucra a Aparicio, aclaró que no daría detalles porque se trata de una cuestión que está siendo trabajada por la investigadora y sus abogados. Sin embargo, expresó su preocupación por el efecto que una eventual sanción podría tener sobre otros profesionales que desarrollan investigaciones.

Otegui insistió en que la discusión debe incluir a los sectores productivos y evitar que la cautela se convierta en inacción. “Cautela, pero generar debate, generar acción, generar conciencia en la sociedad”, planteó.

Finalmente, señaló que mantiene contacto con otros participantes del proyecto y que prevé conversar con el abogado Mario Bolla para conocer las alternativas vinculadas con su situación. Aclaró que cualquier paso deberá ser conversado con los demás integrantes.

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