El indicador llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre del año pasado. Mientras Luis Caputo impulsa acuerdos con gobernadores y sectores opositores, los Menem apuestan a que el plan económico fortalezca las chances electorales de La Libertad Avanza.

El riesgo país argentino alcanzó los 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes y llegó a su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025. La suba encendió señales de alerta en el Gobierno, donde conviven distintas interpretaciones sobre las causas del deterioro financiero y crece la discusión en torno a la estrategia política de cara a las elecciones de 2027.

El indicador elaborado por JPMorgan avanzó alrededor de 35 puntos durante las primeras horas de la rueda y acumuló ocho jornadas consecutivas de aumentos. En paralelo, los bonos soberanos argentinos denominados en dólares registraron una caída promedio del 6% durante el último mes, con retrocesos superiores al 7% en los títulos de mayor plazo.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar. Su evolución refleja, entre otros factores, la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda y el nivel de incertidumbre económica y política.

Las dos explicaciones del Gobierno

En el equipo económico identifican dos factores centrales detrás del incremento. El primero está relacionado con el contexto internacional: la suba de las tasas de interés en mercados de referencia, como Estados Unidos, Europa y Japón, incentiva a los inversores a buscar activos considerados más seguros y reduce el atractivo de los mercados emergentes.

A ese escenario se suma la volatilidad global provocada por conflictos bélicos y comerciales, que puede aumentar la cautela de los inversores y dificultar el financiamiento de países como la Argentina.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda también señalan un componente interno vinculado con la política. En particular, consideran que la falta de avances en la Reforma Política y la incertidumbre sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) influyen en las expectativas del mercado.

La iniciativa permitiría trasladar parte de la incertidumbre electoral de agosto a octubre, según la interpretación de funcionarios del área económica. Ese cambio podría darle más tiempo al Gobierno para mostrar resultados económicos antes de los comicios y, eventualmente, mejorar las perspectivas de reelección de Javier Milei.

Pero la suspensión de las PASO requiere acuerdos parlamentarios y entendimientos con gobernadores y bloques aliados. La dificultad para construir esos consensos alimenta las diferencias dentro del oficialismo sobre cómo debe organizarse la estrategia electoral.

Caputo y los Menem, frente a dos estrategias

El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa una negociación más amplia con gobernadores y sectores de la oposición para facilitar la aprobación de la Reforma Política. Esa postura supone moderar las aspiraciones de La Libertad Avanza en algunas disputas provinciales a cambio de asegurar respaldo legislativo.

La estrategia choca con la posición de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, quienes consideran que el crecimiento electoral del oficialismo debe apoyarse principalmente en los resultados del programa económico, sin resignar protagonismo en las elecciones locales.

En el entorno de Caputo también se ubican Santiago Caputo, asesor presidencial; Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Patricia Bullrich, senadora nacional. Karina Milei, por su parte, todavía no habría definido una posición concluyente en la disputa.

Desde el sector que promueve los acuerdos sostienen que una combinación de entendimientos políticos y fundamentos macroeconómicos podría contribuir a reducir el riesgo país por debajo de los 300 puntos básicos. Al mismo tiempo, remarcan que el Gobierno no debería abandonar la disciplina monetaria y fiscal ni modificar el rumbo económico.

La discusión excede la reforma electoral: también pone en juego el modo en que el oficialismo buscará consolidar su poder territorial y construir una mayoría legislativa.

Los votos que busca reunir Santilli

Santilli encabeza las conversaciones con gobernadores y referentes opositores para conseguir los apoyos necesarios. De acuerdo con los cálculos que manejan en su entorno, habría 36 votos potenciales para avanzar con la iniciativa si la conducción política del Gobierno habilita acuerdos concretos.

La cuenta incluye 21 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la Unión Cívica Radical, tres del PRO, uno de Despierta Chubut y uno de La Neuquinidad. El número, sin embargo, depende de negociaciones con legisladores que no responden de manera automática a las posiciones de sus respectivos bloques o gobernadores.

En el radicalismo existen diferencias entre quienes mantienen vínculos directos con los mandatarios provinciales y quienes tienen mayor autonomía. En el PRO, en tanto, persisten dudas sobre la conveniencia de facilitarle al oficialismo una herramienta electoral sin obtener compromisos a cambio.

El Gobierno también observa los movimientos de legisladores vinculados con gobernadores provinciales. Entre ellos aparecen Andrea Cristina y Edith Terenzi, de Chubut, además de Julieta Corroza, alineada con el mandatario neuquino Rolando Figueroa.

En el oficialismo creen que, si se consolida el respaldo de esos sectores, solo restaría conseguir un voto adicional mediante conversaciones con algún senador peronista o representantes de Santa Cruz.

Plazos abiertos para la Reforma Política

Aunque inicialmente se evaluaba tratar la iniciativa entre fines de octubre y principios de noviembre, en el Gobierno comenzaron a relativizar la urgencia y sostienen que hay tiempo para negociar hasta el 10 de diciembre.

Entre las alternativas que se analizan figura extender las sesiones ordinarias hasta fin de año o convocar a sesiones extraordinarias. Esta última opción permitiría concentrar el debate parlamentario en los proyectos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo.

La demora mantiene abierta la discusión sobre la estrategia electoral y profundiza las diferencias entre los sectores que priorizan los acuerdos políticos y aquellos que apuestan a que la recuperación económica fortalezca al oficialismo.

En ese contexto, la evolución del riesgo país funciona como una señal adicional de presión para el Gobierno. Mientras el equipo económico reclama previsibilidad y respaldo político, la conducción libertaria debe resolver cómo equilibrar las negociaciones legislativas con sus objetivos electorales para 2027.