La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) expresó su preocupación por los datos sobre suicidios en el país. Según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.

La cifra también supera las muertes provocadas por otros hechos violentos y se encuentra por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una situación de gravedad sanitaria y social.

“Estas cifras no son solo un dato estadístico, sino que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado”, señaló la AASM.

Un fenómeno complejo y multicausal

Desde la entidad remarcaron que el suicidio “es un fenómeno complejo y multicausal” y advirtieron que sería irresponsable reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales.

Al mismo tiempo, señalaron que tampoco se pueden ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se desarrolla el sufrimiento de las personas.

Entre las situaciones que afectan a una parte importante de la población, la AASM mencionó la pérdida del empleo, la precarización laboral, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana, factores que pueden repercutir sobre los vínculos y las expectativas de futuro.

“Preocupa que problemas colectivos sean presentados como responsabilidades exclusivamente individuales”, señalaron los especialistas, quienes reclamaron que las políticas públicas reconozcan el sufrimiento social y brinden respuestas de manera anticipada.

El impacto de las condiciones sociales

La OMS advierte que la pobreza, la desigualdad, la violencia y otras condiciones sociales y económicas pueden afectar la salud mental.

Frente al aumento de las conductas suicidas, desde la AASM sostuvieron que la respuesta no puede basarse en el silencio, la indiferencia ni la culpabilización de las víctimas.

Por último, la entidad reclamó respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas de prevención del suicidio, con presupuesto suficiente y trabajo coordinado entre distintos sectores, además de la participación de la sociedad civil, universidades, trabajadores de la salud y familias.

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