El Gobierno Nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. La norma introduce una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y amplía de manera significativa las competencias del organismo.
Según se detalla en el decreto, la SIDE continuará bajo la conducción de Cristian Auguadra y Diego Kravetz y será ratificada como órgano superior y rector del sistema de inteligencia, con nuevas facultades de coordinación, control presupuestario y supervisión de los gastos reservados.
La reestructuración establece que la SIDE quedará integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia, todos con autonomía técnica y funcional, aunque bajo la conducción política del titular del organismo.
En ese marco, la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”, ampliando el concepto de contrainteligencia e incorporando medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.
El decreto también diferencia ciberseguridad, vinculada a la protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia, orientada al análisis de amenazas en el ciberespacio. En ese sentido, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete como autoridad nacional en la materia.
Otro punto central de la reforma es la creación de dos ámbitos de intercambio de información. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, con funciones permanentes de coordinación y producción de inteligencia. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos civiles, que aportarán información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.
En materia de inteligencia militar, el decreto dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), con el objetivo de evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.
Uno de los puntos más controversiales de la norma es la autorización a los organismos de inteligencia para proveer su propia seguridad, repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Esta disposición generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno remarca el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia y sostiene que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
La norma también reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, así como de influir sobre partidos, medios de comunicación u opinión pública.
Finalmente, se establece que los directores de los principales organismos tendrán rango de secretario y que sus designaciones deberán ser informadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. El decreto ya se encuentra vigente y deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, conforme a lo establecido por la Ley 26.122.
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