La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con el decomiso y la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la denominada causa Vialidad, donde fue condenada por administración fraudulenta.

La resolución, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, alcanza a 20 propiedades vinculadas a la exmandataria y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de más de 80 inmuebles pertenecientes a otros implicados en la causa.

El fallo se enmarca en una condena ya firme, ratificada por la Corte Suprema en 2025, que incluye pena de prisión domiciliaria y la obligación de resarcir al Estado por una suma cercana a los $685.000 millones, monto actualizado con el paso del tiempo.

Entre los bienes alcanzados figuran inmuebles y terrenos ubicados en Santa Cruz, como el hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate, un complejo de departamentos en Río Gallegos y terrenos en la zona de Punta Soberana, además de propiedades de gran extensión y alto valor catastral.

Según la resolución judicial, el decomiso tiene como objetivo garantizar el recupero de fondos públicos, por lo que los bienes serán ejecutados para cubrir el monto fijado en la sentencia.

Desde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner cuestionaron la medida al sostener que parte de los inmuebles pertenecientes a sus hijos fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado, por lo que consideran que no deberían estar alcanzados por el decomiso.

En cuanto al destino de los bienes, la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que podrá definir su asignación, incluso con un eventual impacto en la provincia de Santa Cruz.

En paralelo, la exmandataria continúa vinculada a otras causas judiciales, entre ellas la conocida como “Cuadernos”, en la que recientemente amplió su declaración con fuertes críticas al proceso judicial, al que calificó como parte de una persecución en su contra.

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