La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, que se conoció este jueves, señala posibles delitos vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal durante el período 2025-2026.
Uno de los ejes de la denuncia apunta a una licitación por más de $3.650 millones impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. Según el escrito, la adjudicación habría recaído en la firma ATX S.A., en un proceso donde se advierten posibles vínculos societarios con otras empresas participantes, como Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.
En ese sentido, la denuncia advierte que estas relaciones podrían haber afectado los principios de competencia y transparencia, al señalar la existencia de una eventual “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Por otra parte, la presentación también pone el foco en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En este punto, se menciona un posible conflicto de interés, al vincular a la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, con empresas relacionadas a una de las firmas preseleccionadas para la concesión, entre ellas Grupo Foggia y DirecTV Argentina.
Además, se detallan presuntas conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, de confirmarse, podría configurar incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la adopción de medidas de prueba para determinar responsabilidades entre los funcionarios y empresarios involucrados.
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