La detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo realizado por fuerzas de Estados Unidos activó una ofensiva judicial en los tribunales federales de Comodoro Py, donde representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente el inicio de los trámites de extradición para que el exmandatario venezolano sea juzgado en territorio argentino.

La presentación fue encabezada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de FADER y de víctimas directas, y quedó radicada ante el juez federal Sebastián Ramos. El pedido se fundamenta en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a la Argentina a juzgar delitos que afectan a la humanidad en su conjunto, con independencia del lugar en el que fueron cometidos.

En ese marco, los querellantes invocaron el principio de jurisdicción universal y reclamaron el traslado inmediato de Maduro para que responda ante la Justicia argentina por torturas, desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad que forman parte de la causa en trámite.

Como antecedente, recordaron que en septiembre de 2024 la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional del líder venezolano con fines de extradición. La investigación apunta a un plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones contra la población civil de Venezuela.

El pedido se produce en un contexto de complejidad diplomática, ya que actualmente Maduro se encuentra bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.

“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, expresaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería argentina.

En cuanto a los próximos pasos procesales, para que Maduro pueda ser juzgado en la Argentina el juez Ramos deberá formalizar el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, el Gobierno argentino deberá negociar con la administración de Donald Trump el orden de prioridad de los procesos judiciales, dado que Estados Unidos tiene la custodia del detenido.

El objetivo central de los denunciantes es evitar que las causas por narcotráfico desplacen las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, y garantizar que el derecho a la verdad de las víctimas venezolanas sea el eje del proceso judicial.

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