En la mañana de este viernes, GABAL dialogó con el concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, quien se refirió a la situación que atraviesa la Sociedad de Protección a la Infancia y expresó serias observaciones sobre hechos recientes que, a su entender, buscan desviar el eje de la discusión central.
Guillén cuestionó la seriedad de la inspección que se difundió en redes sociales y medios, al señalar inconsistencias entre lo informado y las imágenes publicadas. “Se habló de elementos punzocortantes y en la foto aparecen un resaltador amarillo y un tarrito de plasticola. Cuando uno ve eso, hay poca seriedad”, afirmó, y consideró que este tipo de situaciones “embarran la cancha” y corren el foco del problema principal.
Asimismo, manifestó su preocupación por la presunta participación de integrantes de la comisión directiva durante una inspección ocular, pese a que existiría una medida cautelar con restricción de acercamiento. “Me llama la atención que una persona alcanzada por una manda judicial haya estado acompañando la inspección. Si esto fue así, habría un incumplimiento claro de una orden judicial”, sostuvo, y advirtió que ese tipo de conductas podrían interpretarse como una interferencia en el proceso.
Desde su mirada como abogado, Guillén planteó que estas acciones podrían configurar “peligrosidad procesal” y remarcó que será la Justicia la que deberá evaluarlo. “Para mí hay una clara intención de intervenir en el proceso por parte de una persona imputada, pero será el fiscal y el juez quienes lo determinen”, aclaró.
El concejal remarcó que la prioridad debe ser garantizar la protección integral de los niños y el funcionamiento de la institución. “Primero hay que asegurar que los chicos estén contenidos, atendidos por profesionales idóneos, que cumplan con los cursos que exige la ley, con la Ley Micaela y con todo el marco legal de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No puede ir cualquier persona a trabajar en estas instituciones”, enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar el normal funcionamiento del lugar y acompañar las decisiones que adopte el Ejecutivo municipal. “En las decisiones que tome el intendente para proteger a los chicos, hay que acompañar. El foco tiene que estar puesto ahí”, remarcó.
Consultado sobre si se trata de un hecho aislado o si podría repetirse en otras instituciones, Guillén fue contundente: “Creo que esto es la punta de un iceberg. Hay que darle una mirada a todas las instituciones y analizar con transparencia cómo funcionan, quiénes ocupan cargos y con qué objetivos”. Señaló además que existen mecanismos de control, como el Fondo de Fortalecimiento Institucional, que implican rendición de cuentas y responsabilidad ante la comunidad.
Finalmente, reiteró la necesidad de no desviar la atención del eje central. “Acá no hay que correr el foco. Si alguien tiene algo que pagar, que lo pague. Hay que dejar actuar a la Justicia con celeridad y garantizar que quienes estén involucrados no se acerquen a los chicos”, concluyó, al tiempo que afirmó que desde el Concejo Deliberante se analiza repudiar institucionalmente lo sucedido y reforzar los controles sobre las entidades que reciben fondos públicos.
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