La Justicia federal avanza con la investigación sobre posibles maniobras de corrupción pública en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ocurridas entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El fiscal Franco Picardi delimitó el alcance de la causa tras el levantamiento del secreto de sumario, que se extendió durante 20 días.

El caso tiene como principal imputado al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien en las últimas horas pidió designar un defensor oficial luego de que sus abogados renunciaran. El juez Sebastián Casanello aceptó la designación del letrado Hernán Silva.

De acuerdo con el dictamen de Picardi, la investigación busca determinar la existencia y alcance de pagos indebidos ligados a la provisión de medicamentos, en los que habrían intervenido la Droguería Suizo Argentina y otras empresas del sector, con el presunto destino de fondos hacia funcionarios públicos del Gobierno nacional.

La causa se originó por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo en los que hace referencia a pagos de porcentajes por parte de droguerías que habrían terminado en manos de altos funcionarios. En esas grabaciones se mencionan a Eduardo “Lule” Menem, asesor del Ejecutivo, y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La fiscalía advirtió que las maniobras habrían generado un perjuicio patrimonial para el Estado nacional y afectado directamente a los beneficiarios de las políticas públicas de discapacidad.

Mientras tanto, la defensa de los dueños de la Droguería Suizo Argentina pidió la nulidad de la investigación, alegando que las grabaciones que dieron origen a la denuncia son de procedencia ilegal. Esa definición quedará en manos del juez Casanello.

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