El conflicto entre los taxistas y los choferes de aplicaciones volvió a escalar en Mar del Plata tras los planteos del vicepresidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Darío López, quien advirtió por el crecimiento de la informalidad en el transporte y denunció que hay personas que compran vehículos para alquilarlos a choferes de aplicaciones, lo que —sostuvo— impacta directamente en los ingresos del sector.
López apuntó contra la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Agustín Neme, al afirmar que la administración “tiene 500 licencias disponibles pero retenidas”, y reclamó que se habiliten para quienes quieran trabajar “dentro de la legalidad”. En este marco, exigió mayores controles y definiciones del Estado en medio de un escenario que describió como una “crisis profunda, sobre todo para los trabajadores”.
El dirigente señaló que su reclamo no busca victimizarlos, sino preservar la fuente laboral ante un mercado “cada vez más desregulado”. Subrayó que los choferes de aplicaciones podrían “obtener una autorización formal si así lo desearan”, y que la existencia de licencias no utilizadas abre un nuevo capítulo en la disputa local, mientras los conductores de plataformas avanzan en la conformación de una asociación civil para pedir la derogación de la ordenanza 23.928, que los mantiene prohibidos.
En paralelo, López cuestionó a las empresas tecnológicas, a las que acusó de obtener ganancias sin tributar en el país, y alertó sobre la proliferación de un negocio paralelo: personas que “compran 10 o 15 autos y los alquilan a 45.000 pesos por día” para que sean utilizados por choferes de aplicaciones, lo que —aseguró— profundiza la competencia desleal.
El referente del sector también llamó a la ciudadanía a valorar el servicio habilitado, remarcando que un taxi “tiene seguro, número de licencia y un chofer habilitado”, y advirtió que la disputa actual constituye una “guerra entre pobres”, similar a la que atravesaron ciudades europeas.
El fallo judicial que reactivó la tensión
El 30 de septiembre, la Justicia resolvió que no corresponde ordenar la baja de las aplicaciones que operan en la ciudad, aunque dispuso notificar al Municipio para que fortalezca las tareas de fiscalización según la normativa vigente. La decisión mantuvo la prohibición municipal, pero preservó la actividad de las plataformas, generando un escenario de doble interpretación que volvió a colocar a las autoridades locales en el centro de la discusión.
Tras el fallo, López insistió en que el Ejecutivo debe intensificar los operativos ante el transporte ilegal y reiteró que la ciudad cuenta con 500 licencias de taxi sin utilizar, algo que consideró “inaceptable” frente a trabajadores que operan sin habilitación. Para el sector, liberar esas licencias permitiría ordenar el sistema, aportar “previsibilidad y seguridad” y evitar que muchos conductores deban “escaparse de los controles”.
La tensión en Mar del Plata continúa en ascenso, con un esquema de transporte atravesado por reclamos por mayor regulación, demandas por igualdad de condiciones y la necesidad de definir un marco claro para una actividad que, pese a las prohibiciones, se mantiene en crecimiento.
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