La política económica del gobierno de Javier Milei tuvo como eje central la reducción del gasto público y la búsqueda del superávit fiscal. En ese marco, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que, en los primeros 26 meses de gestión, el ajuste acumulado alcanzó los USD 67.000 millones.

El trabajo, elaborado bajo la dirección del economista Nadin Argañaraz, también calculó que la diferencia entre el gasto mensual promedio de 2023 y el ejecutado hasta febrero de 2026 equivale a $121,8 billones a valores actuales.

Fuerte caída del gasto en relación al PBI

Uno de los principales indicadores analizados es el peso del gasto público sobre el Producto Bruto Interno. Según el informe, el gasto nacional pasó de representar 19,5% del PBI en 2023 a 14,32% en el último año, lo que implica una caída de 5,2 puntos porcentuales.

Si se suma la reducción en el pago de intereses de la deuda, el recorte total asciende a 5,7 puntos del PBI, reflejando un ajuste de magnitud en un período relativamente corto.

¿En qué se utilizó el ajuste?

El estudio también detalla el destino de los recursos ahorrados. Del total del recorte:

• 78% se destinó a eliminar el déficit fiscal
• 4% permitió generar superávit
• 9% compensó la caída de ingresos no tributarios
• 9% restante financió la baja de impuestos

De esta manera, la mayor parte del ajuste tuvo como objetivo principal ordenar las cuentas públicas.

Impacto acumulado en dos años

Al analizar el período completo de 26 meses, el informe señala que la reducción del gasto público primario equivale a 10,4 puntos del PBI, cifra que asciende a 11,1 puntos si se incluyen los intereses de deuda.

En términos de presión tributaria, el IARAF sostiene que el recorte realizado equivale a gran parte de los impuestos considerados más distorsivos, como el impuesto al cheque, retenciones o el impuesto PAIS.

Un ajuste de fuerte impacto

El trabajo concluye que se trata de un ajuste económico de gran magnitud en el corto plazo, con efectos directos sobre el flujo de la economía. No obstante, también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad en el tiempo y sus consecuencias sobre la actividad económica y el ingreso de la población.

En este contexto, el rumbo fiscal del gobierno continúa siendo uno de los principales ejes del debate económico en la Argentina.

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