El gobierno de Vladimir Putin profundizó su estrategia para fomentar la natalidad en Rusia con una nueva disposición que apunta a la salud reproductiva masculina. Según informaron medios locales, los hombres que frecuenten saunas deberán someterse a análisis de esperma como parte de controles médicos preventivos.

La medida surge a partir de una actualización en los protocolos del Ministerio de Salud ruso, que incorporó cambios en los cuestionarios de evaluación médica. En ese marco, si un paciente declara asistir regularmente a saunas —cuyas altas temperaturas pueden afectar la fertilidad— será derivado a un espermograma y consulta con un urólogo.

Desde el organismo sanitario sostienen que la infertilidad masculina suele ser asintomática, por lo que consideran clave implementar controles preventivos dentro del sistema de salud.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Kremlin orientada a incrementar la tasa de natalidad, en un país con baja densidad poblacional y extensos territorios poco habitados.

En paralelo, también generaron controversia otras recomendaciones dirigidas a mujeres. En los nuevos cuestionarios oficiales, si una paciente manifiesta que no desea tener hijos, se sugiere su derivación a un psicólogo clínico, con el objetivo —según las autoridades— de promover una “actitud positiva” hacia la maternidad y prevenir abortos.

Este enfoque no se replica en los hombres, cuyos formularios incluyen preguntas sobre cantidad de hijos deseados, pero sin derivaciones psicológicas en caso de respuesta negativa, lo que despertó críticas por posibles criterios desiguales.

Las políticas impulsadas por el gobierno ruso en materia de natalidad han ido en aumento en los últimos años. Entre ellas, se destacan restricciones a la promoción del movimiento “childfree”, presiones sobre clínicas para limitar abortos y sanciones vinculadas a decisiones reproductivas.

En ese contexto, la nueva disposición sobre controles a hombres que concurren a saunas refuerza el avance del Estado sobre aspectos vinculados a la vida privada y reproductiva, en medio de un debate creciente sobre los límites de estas políticas.