El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como “Cuadernos”, decisión que ratifica la realización del juicio oral previsto para el 6 de noviembre.

La defensa había solicitado el cierre de la investigación bajo la figura de excepción por falta de acción, al considerar que el tiempo transcurrido había agotado el proceso y que la exmandataria no podía ser juzgada nuevamente por asociación ilícita, delito del cual ya había sido absuelta en la causa “Vialidad”.

Sin embargo, el juez Enrique Méndez Signori, autor del voto principal, sostuvo que los argumentos de la defensa “no lograron poner en evidencia la identidad de objeto procesal” y que se trataba de “una mera aserción dogmática no acompañada de una reseña autosuficiente de las constancias de la causa”.

Méndez Signori explicó además que la excepción de falta de acción “es una herramienta que permite decisiones anticipadas solo cuando se verifica la inutilidad de continuar el proceso”, situación que —según el tribunal— no se cumple en este caso.

Los jueces Fernando Canero y Germán Castelli adhirieron a lo expuesto, aunque este último agregó que los planteos defensivos “ya fueron sometidos a estudio durante la instrucción, avalados por la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal”, recordando que ambas instancias rechazaron una queja presentada por la exmandataria.

“El planteo constituye una reedición de lo ya resuelto bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada”, señaló Castelli, al remarcar que la absolución dictada en otra causa “no tiene consecuencias” sobre el expediente de los cuadernos.

De esta manera, el TOF 7 confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse nuevamente ante los tribunales para responder por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios de la construcción.

Los magistrados remarcaron que la cuestión deberá definirse en el juicio oral, donde se evaluará la evidencia y la responsabilidad de los acusados con todas las garantías procesales.