El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional contemple la eliminación de derechos laborales o la extensión de la jornada diaria de trabajo. Según explicó, el objetivo central del proyecto es formalizar el empleo y dinamizar la creación de trabajo registrado.
“La Argentina hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, sostuvo Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.
El funcionario calificó como “un disparate” los rumores que indicaban que la jornada podría pasar de ocho a trece horas. “Eso no tiene ningún asidero. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”, aseguró, al tiempo que negó cualquier intención de reducir vacaciones o flexibilizar derechos adquiridos.
Sturzenegger instó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo” y pidió esperar la presentación oficial del texto definitivo, que el Ejecutivo busca consensuar con gobernadores y otros sectores políticos.
Sin embargo, uno de los proyectos presentados en el Congreso por la diputada libertaria Romina Diez introduce modificaciones al artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que las convenciones colectivas podrán adecuar los regímenes laborales “a las modalidades de producción y condiciones propias de cada actividad”, respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y los límites legales vigentes.
Reforma laboral y negociación colectiva
El ministro también propuso reformular la negociación salarial colectiva, al considerar que los convenios por sector aplican de igual modo en todo el país, lo que “eleva los costos en zonas menos productivas y limita la creación de empleo formal”.
“Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un dieciséis por ciento”, afirmó.
Además, Sturzenegger cuestionó el rol actual de los gremios y cámaras empresariales, a quienes acusó de “morder” parte del salario de los trabajadores por los aportes que cobran en concepto de representación. “A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Si sacáramos ese peaje, le devolveríamos al trabajador 100 mil pesos por mes”, señaló.
El Gobierno busca que la reforma forme parte del paquete de leyes estructurales que serán debatidas en el Congreso junto con las iniciativas de reforma tributaria, penal y el Presupuesto 2026.
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