Un grupo de dirigentes, referentes sociales, académicos y representantes de organismos de derechos humanos presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. Lo acusan de presunto mal desempeño en sus funciones y solicitaron que se investigue la posible comisión de distintos delitos.
La presentación, de 25 páginas, fue impulsada luego de las denuncias contra el mandatario por sus declaraciones vinculadas al mercado cambiario y la fuga de dólares. El escrito fue firmado, entre otros, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la exembajadora Alicia Castro, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el exjuez Carlos Rozanski, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y la investigadora Dora Barrancos.
Los impulsores solicitaron que el Congreso investigue al Presidente y a otros funcionarios por presunta instigación a cometer delitos, apología del delito, incitación a delitos financieros y apología del crimen.
Además, cuestionaron distintas decisiones de la administración nacional y reclamaron investigar un supuesto abandono de personas y un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, vinculados, según sostienen, al desfinanciamiento de programas sociales y del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
El pedido también incluye acusaciones relacionadas con una posible malversación de caudales públicos, el desfinanciamiento de la educación y distintas decisiones en materia de política exterior y soberanía territorial.
En el escrito, los firmantes sostuvieron que la legitimidad otorgada por el voto popular no impide que el desempeño presidencial pueda ser sometido a los mecanismos de control previstos por la Constitución. También cuestionaron la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y plantearon que debería analizarse si su contenido implicó un supuesto mal desempeño o eventuales infracciones a la normativa penal.
La solicitud deberá ser considerada en el ámbito de la Cámara de Diputados, donde funciona la Comisión de Juicio Político. El pedido se presentó en un contexto de fuertes disputas dentro del oficialismo por el funcionamiento de esa comisión.
En paralelo, los impulsores de la iniciativa pusieron el proyecto a disposición de la ciudadanía para reunir adhesiones y firmas en respaldo del pedido.
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