La Defensoría del Pueblo, organismo provincial que tiene como titular a nivel local a Fernanda Ruzza, rechazó la decisión del gobierno nacional de avanzar en la eliminación de un área dentro del Ejecutivo que investiga las desapariciones de niñas y niños durante la última dictadura militar.

Se trata de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que funciona dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

La UEI se encarga de requerir información a organismos públicos para dar con personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar, y de auxiliar a la Justicia en el proceso de búsqueda de la verdad respecto de los crímenes cometidos.

“Es un eslabón de vital importancia en las políticas públicas que Argentina construyó desde la recuperación de la democracia. Si unilateralmente el gobierno decide cerrarla sería un retroceso y una obstaculización de las miles de investigaciones en curso y de las que - personas interesadas- podrían abrir en el futuro”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Según precisaron desde el organismo "esta postura va en contra del argumento que sostiene el gobierno, que expresó que la Unidad duplica las funciones de fiscales y jueces. En realidad las asiste, protege la intimidad de las personas y se contrasta información a fin de no crear causas improcedentes".
“El desmantelamiento de la UEI privaría a la ciudadanía y al servicio de Justicia de una herramienta sensible en casos de sustitución de identidad y búsqueda de nietos y nietas apropiados. También saturaría todavía más el sistema de Justicia y a la inaccesibilidad de la búsqueda para las personas que dudan sobre su identidad, quieren aportar información o buscan a sus familiares”, agregó Lorenzino.

Además sostuvieron: "La CONADI fue creada en 1992 para buscar niñas y niños desaparecidos y con identidad conocida y de niños nacidos de madres en cautiverio que fueron apropiados. A lo largo de los años sus funciones se fueron complejizando y especializando, en una tarea que es de referencia mundial".

En 2004 se sumó la UEI como instrumento para agilizar la búsqueda y ayudar a la Justicia en la tarea de reconstruir el pasado, mediante el esclarecimiento de los crímenes del Estado y la restitución de la identidad de las personas que los sufrieron y quieren vivir con la libertad de conocer su historia.

“Recortar las facultades de la CONADI, cuando lo que se requiere es ampliarlas ante los desafíos que plantea el paso del tiempo y lo dificultoso de la búsqueda, es una decisión equivocada y una afrenta a la construcción colectiva sobre los principios de Memoria, Verdad y Justicia que el pueblo y los sucesivos gobiernos democráticos argentinos han abrazado”, expresó Lorenzino.

Para la Defensoría, "la UEI y la CONADI son instrumentos básicos y de referencia en el asesoramiento, acompañamiento y gestión de los reclamos en casos de sustitución o averiguación de identidad de origen biológico, ya que trabaja con sus agentes, conoce la excelencia de su desempeño y se ha nutrido con la forma en que realizan sus tareas".

“La defensa de los derechos de las personas implica poner a su alcance las herramientas y los recursos públicos y gratuitos, accesibles y capacitados, para responder a sus demandas y ejercer sus derechos en libertad y plenitud”, puntualizó Lorenzino.

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