El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al fiscal general de Bolivia, Roger Rider Mariaca Montenegro, en una lista de funcionarios sancionados por presuntos actos de corrupción y vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. La medida volvió a poner bajo presión al sistema judicial boliviano y abrió un nuevo desafío para el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento”, había advertido la embajada estadounidense en La Paz el pasado 15 de septiembre. Semanas después, Washington avanzó con sanciones contra funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de distintos países de la región, entre ellos Bolivia.

Según el Departamento de Estado, Mariaca habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que delincuentes violentos evitaran la Justicia. Como consecuencia de la medida, el fiscal general y los integrantes de su familia inmediata quedaron, en términos generales, impedidos de ingresar a Estados Unidos.

Mariaca fue elegido en 2024 como fiscal general del Estado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante el gobierno de Luis Arce, y tiene un mandato previsto hasta 2030. Antes de ocupar ese cargo, desarrolló buena parte de su carrera judicial en Santa Cruz de la Sierra.

La situación adquirió especial relevancia por sus antecedentes profesionales en esa región y por las investigaciones relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien durante años permaneció en Santa Cruz. Marset fue detenido en marzo de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos en un operativo en el que participaron autoridades bolivianas y la DEA.

Desde Washington sostienen que Mariaca habría protegido a Marset y a otros integrantes de estructuras criminales. También existen versiones según las cuales el narcotraficante uruguayo estaría colaborando con la Justicia estadounidense, una posibilidad que genera expectativa sobre eventuales nuevas revelaciones y nombres que puedan aparecer en las investigaciones.

Tras conocerse las sanciones, Mariaca rechazó las acusaciones y cuestionó la medida estadounidense al considerarla una forma de “injerencia” e “interferencia” sobre Bolivia.

El gobierno de Rodrigo Paz, en cambio, sostuvo que los funcionarios señalados deberán comparecer ante la Justicia y responder por las acusaciones. El posicionamiento fue transmitido por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo.

La situación representa un desafío institucional para la nueva administración, debido a que el principal funcionario judicial señalado por Estados Unidos es precisamente el fiscal general del Estado.

Además de Mariaca, la lista estadounidense incluye a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos vinculados con distintas áreas del sistema judicial, policial y administrativo.

Entre ellos aparecen Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra y Rosario Ximena Flores Paniagua, juezas; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y José Luis Iriarte Cussi, empresario.

La medida estadounidense profundiza así el foco sobre distintos sectores de las instituciones bolivianas y plantea interrogantes sobre posibles responsabilidades dentro de organismos encargados de combatir la corrupción y el narcotráfico.

La administración de Paz deberá ahora definir cómo avanzar frente a las acusaciones y qué mecanismos institucionales utilizar para investigar a los funcionarios señalados.

Washington ya había advertido que utilizaría las herramientas disponibles para identificar y sancionar a funcionarios que, según sus investigaciones, abusaran de sus cargos para facilitar hechos de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico.

El caso de Mariaca coloca esa advertencia en el centro de la agenda boliviana. La respuesta del gobierno de Paz y el funcionamiento de las instituciones judiciales serán determinantes para establecer cómo avanzan las investigaciones y si las acusaciones estadounidenses derivan en nuevas actuaciones dentro de Bolivia.

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