El fiscal Rodolfo Moure brindó detalles de la investigación que derivó en la detención de Francisco Andrés Ruiz, el oficial de 22 años que prestaba servicio en la Delegación de Drogas Ilícitas de Balcarce y está acusado de intentar acceder a teléfonos secuestrados para eliminar información vinculada con una causa por comercialización de estupefacientes.

La investigación comenzó en junio, cuando fue detenido Franco Jesús Ojeda, un expolicía acusado de vender drogas en su domicilio de Balcarce. Durante el procedimiento se le secuestró un teléfono celular que posteriormente fue sometido a análisis; “Dentro de esos mensajes figuraban algunos que nos hacían suponer que les estaba exigiendo la entrega de los patrones de desbloqueo de los celulares que habíamos secuestrado, para poder así ingresar a los mismos y borrarles la información, presuntamente a cambio de alguna contraprestación”, explicó Moure.

Más adelante se realizó un allanamiento en la celda de Ojeda, alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde fue encontrado otro dispositivo. Al analizarlo, los investigadores detectaron nuevas comunicaciones atribuidas al policía: “Ahí se encuentran los mensajes de este policía donde le estaba exigiendo la entrega de los patrones de desbloqueo a cambio, seguramente, de alguna contraprestación”, indicó el fiscal.

A partir de los elementos reunidos, Moure solicitó la detención de Ruiz por encubrimiento doblemente agravado, debido a su condición de funcionario público y a que el hecho precedente corresponde a un delito considerado especialmente grave.

La detención se concretó en Mar del Plata, en la vivienda de la exmujer del oficial. El fiscal señaló que todavía no pudo establecerse si existía una relación previa entre Ruiz y Ojeda, aunque consideró posible que el contacto se hubiera iniciado cuando el policía concurrió al penal para notificar al detenido sobre una medida judicial.

“Siempre hay alguna manzana podrida”

Moure también advirtió sobre la falta de recursos para analizar los teléfonos secuestrados en las distintas investigaciones. Explicó que la Fiscalía General cuenta con equipamiento específico, pero debe compartirlo con el Departamento Judicial de Necochea: “La falta de recursos hace que ese aparato de análisis de telefonía lo estemos compartiendo y que se haya saturado el sistema de turnos por la cantidad de teléfonos que ingresan”, señaló.

Esta situación obliga, en numerosos casos, a delegar las tareas en las propias fuerzas policiales. “Por supuesto que el 99% de los casos lo hacen muy bien, pero siempre hay alguna manzana podrida adentro. Muchas veces la falta de recursos hace que nosotros mismos les estemos abriendo un kiosco nuevo a algunos funcionarios policiales corruptos”, sostuvo.

El fiscal consideró que, si los dispositivos hubieran permanecido bajo el control directo de la Fiscalía, el episodio investigado podría haberse evitado.

Demoras de hasta ocho meses en las pericias

Las dificultades también alcanzan a las pericias sobre las sustancias secuestradas. “No hay reactivos ni laboratorios para analizar la droga. Muchas de esas pericias están tardando entre seis y ocho meses”, advirtió Moure.

Según explicó, esas demoras pueden favorecer la liberación de personas detenidas si los resultados necesarios para sostener las acusaciones no llegan dentro de los plazos legales: “La falta de recursos conspira contra todo esto y hace que muchas veces se genere una especie de impunidad que uno no quisiera”, manifestó.

Moure remarcó que cualquier estrategia de seguridad debe contemplar tanto la prevención como la investigación. “De nada sirve poner un policía por calle si nosotros no nos vamos a adelantar al delito. La parte investigativa es tan importante como la parte de prevención”, afirmó.

Finalmente, alertó sobre la cantidad de puntos de venta de drogas y la violencia asociada a esa actividad. “Más allá de que uno hace allanamientos, no da abasto para responder a la gran cantidad de puntos de venta de drogas que hay”, expresó.

“La falta de recursos es el principal problema de la inseguridad y de los errores y las demoras en las investigaciones judiciales”, concluyó.

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