La medida alcanza a funcionarios, exautoridades, políticos y familiares, en el marco de una ofensiva de la Administración de Donald Trump contra la corrupción y el crimen organizado en América Latina
Estados Unidos revocó las visas de más de 60 funcionarios, exfuncionarios y dirigentes políticos de Colombia y Bolivia, a quienes señala por presuntos vínculos con el narcotráfico y hechos de corrupción. La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado y forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para combatir las redes criminales en la región.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la medida mediante un comunicado en el que afirmó que Washington está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
La decisión alcanza a figuras vinculadas con organismos estatales, el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y el ámbito político de ambos países. En la lista también fueron incluidos familiares directos de algunos de los señalados.
Los dirigentes colombianos alcanzados por la medida
Entre los nombres destacados en Colombia aparece Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022.
Roa enfrenta investigaciones penales relacionadas con su gestión al frente de la compañía y con su actuación durante la campaña electoral. La revocación de su visa se inscribe en la ofensiva estadounidense contra personas señaladas por presuntos hechos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas.
La lista también incluye a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, y al senador electo Wadith Manzur, quien no llegó a asumir su banca debido a una orden judicial de detención emitida en marzo.
Otra de las personas alcanzadas es Karen Manrique, representante a la Cámara que fue detenida en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La nómina colombiana se completa con los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, además del exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.
Según el Departamento de Estado, la medida busca respaldar las acciones contra la influencia de organizaciones criminales en las instituciones públicas, incluidos los tribunales, las fuerzas policiales y el Poder Legislativo.
Hasta el momento, no se habían informado reacciones oficiales de las personas alcanzadas por las restricciones ni del Gobierno colombiano.
Bolivia: 40 ciudadanos incluidos en la restricción
En Bolivia, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 40 ciudadanos. Según la información difundida por el Departamento de Estado, el grupo está integrado por 15 funcionarios y exfuncionarios públicos y 25 familiares directos.
Entre los nombres mencionados se encuentran el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y el exfiscal Armando Rojas, quien se desempeñó como coordinador en La Paz.
También figuran el juez Julio Alba Flores y Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. La nómina incluye, además, a Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa ciudad.
Otro de los señalados es Rony Suárez Milliet, investigado en el contexto de las pesquisas internacionales relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La lista se extiende a otros funcionarios y exintegrantes de organismos judiciales, policiales y administrativos. Entre ellos aparecen el exfiscal Félix Balderas; Freddy Bismarck, excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y Katherine Calderón, exdirectora general de Migración.
También fueron mencionados Óscar Ortiz, director del Servicio General de Identificación Personal; Fernando Velasco, exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru; y Diego Alejandro Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Los diputados Rafael López y Rolando Pacheco también aparecen entre los alcanzados por las restricciones.
El Departamento de Estado sostuvo que la Administración Trump respalda los esfuerzos de Bolivia para combatir la influencia delictiva dentro de las instituciones judiciales, las fuerzas de seguridad y el Poder Legislativo.
Una ofensiva que comenzó en septiembre
La nueva medida se suma a otras decisiones adoptadas por Washington en los últimos meses contra funcionarios bolivianos señalados por presuntos hechos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.
El 28 de septiembre, Estados Unidos revocó las visas de otra veintena de altos funcionarios, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca. En ese momento, el Departamento de Estado lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes.
Dos días después de la sanción estadounidense, Mariaca fue detenido por la policía boliviana en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Desde septiembre, Washington también había aplicado restricciones contra jueces, fiscales y efectivos policiales bolivianos. La ofensiva se enmarca en una política que busca limitar el acceso a territorio estadounidense de personas a las que el Gobierno considera vinculadas con actividades ilícitas o prácticas corruptas.
La revocación de visas constituye una medida migratoria y no implica, por sí sola, una condena penal por los hechos atribuidos a las personas afectadas.
La estrategia regional de Donald Trump
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump convirtió la lucha contra el narcotráfico en una de las prioridades de su política exterior para América Latina.
La estrategia estadounidense combina restricciones migratorias, cooperación con gobiernos de la región y medidas destinadas a combatir las redes de tráfico de drogas y la corrupción en organismos estatales.
En el caso colombiano, la decisión adquiere una relevancia particular por la relación histórica entre Washington y Bogotá en materia de seguridad y lucha contra la producción y el tráfico de cocaína. Estados Unidos es, además, uno de los principales socios comerciales de Colombia y el principal destino de sus exportaciones.
Las nuevas restricciones reflejan la intención de la Administración Trump de ampliar la presión sobre funcionarios y dirigentes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluso cuando ocupan o han ocupado posiciones relevantes dentro de las instituciones públicas.
Sin embargo, el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias diplomáticas dependerán de las respuestas de los gobiernos involucrados y de la evolución de las investigaciones judiciales en ambos países.
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