Los límites impuestos a las visitas que puede recibir Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, afectarían sus “derechos políticos y partidarios”, según planteó su defensa al apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 2. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy señalaron que la necesidad de solicitar autorización previa para cada visita que no figure en el listado autorizado generaría un “desgaste jurisdiccional”.

El tribunal fijó un listado de familiares, abogados, médicos y custodios que pueden ingresar al domicilio sin necesidad de permiso previo. Cualquier otro visitante requiere una autorización especial y justificada. La defensa de la ex presidenta cuestionó esta disposición y presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde la difusión pública del correo del tribunal por parte del abogado Gregorio Dalbón, el TOF 2 recibió 702 pedidos de ingreso por correo electrónico para visitar a la ex mandataria en su domicilio de la calle San José 1111.

El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, derivó los pedidos a los abogados defensores y recordó que son ellos quienes deben canalizar las solicitudes con la correspondiente fundamentación.

Beraldi y Llernovoy argumentaron que la prisión domiciliaria sólo implica una restricción ambulatoria y que cualquier otra limitación adicional “no está prevista normativamente”. Según la defensa, exigir autorización para visitas políticas vulnera los derechos de Cristina Kirchner como dirigente y referente partidaria.

La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, será la encargada de resolver el planteo. Estos mismos magistrados fueron quienes ratificaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.