El exjefe de la SubDDI Balcarce, Maximiliano Blanco, se pronunció sobre los hechos de violencia ocurridos durante la Estudiantina 2026 y realizó un análisis crítico sobre el funcionamiento del sistema educativo, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de establecer límites claros dentro del ámbito escolar.

A través de una reflexión pública, Blanco sostuvo que lo sucedido debería generar un debate que supere la indignación inicial y la búsqueda inmediata de responsables. “La pregunta no es solamente qué pasó, sino también qué está fallando en el sistema que debería prevenir estos episodios y darles una respuesta adecuada”, expresó.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a las guías de actuación escolar, que, según explicó, muchas veces establecen obligaciones difíciles de cumplir para docentes y directivos. En ese sentido, advirtió que se exige intervenir en situaciones complejas sin garantizar siempre la formación, las herramientas ni el respaldo institucional necesarios, lo que puede exponer a los trabajadores de la educación a responsabilidades administrativas e incluso penales, dependiendo de las circunstancias.

“La escuela no puede resolver por sí sola problemas que requieren la intervención coordinada de distintas instituciones. Necesitamos pautas claras, realistas y operativas, no documentos que multipliquen obligaciones sin garantizar los medios para cumplirlas”, manifestó.

Blanco también cuestionó la estructura del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, al considerar que presenta una organización excesivamente burocrática y verticalizada, con múltiples niveles de conducción que pueden demorar las decisiones y dificultar la identificación de responsabilidades. “La estructura administrativa debe estar al servicio de las escuelas, no las escuelas al servicio de la burocracia”, afirmó.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su planteo fue la necesidad de implementar un régimen disciplinario escolar firme, claro, proporcional y efectivamente aplicable, que establezca cuáles son las conductas inadmisibles, qué consecuencias corresponden y quién debe intervenir ante cada situación: “En ciertos ámbitos, hablar de disciplina parece ser una mala palabra, como si establecer límites fuera incompatible con educar en derechos. No lo es”, señaló.

En esa línea, sostuvo que las sanciones deben cumplir una doble función: corregir las conductas de quienes incumplen las normas y transmitir al resto de los estudiantes que las reglas de convivencia deben respetarse. “Una sanción justa no solo responde a una falta: también puede prevenir su repetición y desalentar conductas similares”, remarcó.

El exjefe policial aclaró que su propuesta no apunta a promover castigos arbitrarios ni a desconocer las particularidades de cada estudiante, sino a establecer consecuencias previsibles, equitativas y educativas. “El diálogo y el acompañamiento son necesarios, pero no pueden convertirse en excusas para evitar toda sanción”, consideró.

Asimismo, expresó que “la ausencia de límites no es inclusión, la permisividad no es educación y la autoridad legítima no es autoritarismo”, al tiempo que insistió en la importancia de proteger los derechos de quienes desean estudiar, enseñar y convivir en un ambiente seguro.

Respecto de la organización de la Estudiantina, Blanco fue prudente al señalar que no conoce todos los detalles ni cuenta con elementos suficientes para evaluar la actuación de los responsables. No obstante, consideró que cualquier evento de estas características debe contar con planificación, prevención de riesgos, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de intervención ante posibles incidentes.

También remarcó que las eventuales responsabilidades individuales deben establecerse a partir de hechos comprobados y no mediante acusaciones apresuradas.

En la parte final de su reflexión, reclamó que la Provincia de Buenos Aires avance en una revisión profunda de las herramientas disciplinarias del sistema educativo. “No podemos seguir administrando las consecuencias sin corregir las causas. Necesitamos menos burocracia estéril, menos improvisación y más formación, coordinación institucional, prevención y responsabilidad”, sostuvo.

Para Blanco, el respeto por los derechos individuales debe contemplar también la protección del conjunto de la comunidad educativa. “Los derechos de un alumno no pueden utilizarse para desconocer los derechos de los demás. El derecho a aprender y enseñar en un ambiente seguro también merece protección efectiva”, manifestó.

Finalmente, cerró su posicionamiento con una definición contundente: “Educar también es poner límites. Y una sociedad que renuncia a hacerlos cumplir no elimina los conflictos: renuncia a prevenirlos”.

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