La diputada provincial del PRO, María Paula Bustos, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires adhiera al Régimen de Empleo Protegido para personas con discapacidad, establecido en la Ley Nacional 26.816 y su decreto reglamentario 1771/2015.

La iniciativa permitiría a la Provincia firmar convenios de corresponsabilidad con Nación y habilitar una asignación mensual equivalente al 40% del salario mínimo para cada trabajador con discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de Taller Protegido Especial.

Según explicó la legisladora, el régimen promueve oportunidades laborales mediante dispositivos productivos sin fines de lucro, con respaldo técnico, legal y financiero del Estado nacional.

En la actualidad, funcionan en territorio bonaerense más de 170 talleres protegidos, que contienen a unos 4.800 trabajadores con discapacidad, aunque la mayoría carece de reconocimiento formal y de financiamiento suficiente, lo que compromete sus condiciones laborales.

En Balcarce, el Taller Protegido continúa funcionando a pesar del complejo contexto económico que atraviesa la institución. Con este pedido, los operarios de la entidad recibirían una asignación mensual equivalente al 40% del salario mínimo, trabajando bajo la mencionada modalidad. 

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