El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda reforma del mercado inmobiliario argentino y que ya generó una fuerte reacción de los colegios profesionales del sector.
La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apunta a flexibilizar los requisitos para ejercer como corredor y martillero público, con el objetivo de ampliar la competencia y reducir las barreras de ingreso a la actividad.
Entre los cambios más significativos figura la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula profesional y del título universitario para desempeñarse como corredor inmobiliario. Además, el proyecto contempla habilitar el ejercicio de la actividad en distintas jurisdicciones del país, permitir la participación tanto de personas físicas como jurídicas y liberar el régimen de honorarios y comisiones.
La propuesta también incorpora la posibilidad de desarrollar el corretaje mediante plataformas digitales, aplicaciones móviles, portales web y otros entornos virtuales.
Desde el Gobierno sostienen que estas modificaciones favorecerán una mayor competencia y facilitarán el acceso a los servicios inmobiliarios.
Respaldo de sectores empresarios
La iniciativa recibió el apoyo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios.
Su presidente, Mariano García Malbrán, consideró que la matrícula obligatoria funciona como una barrera que limita el ingreso de nuevos actores al mercado.
“El sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional”, sostuvo.
Además, afirmó que actualmente la transparencia puede garantizarse mediante herramientas digitales como la reputación online, la trazabilidad de las operaciones y los sistemas de evaluación de usuarios.
“Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia”, señaló.
La oposición de los colegios inmobiliarios
La propuesta fue cuestionada por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y por el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.
La presidenta de ambas entidades, Marta Liotto, aseguró que la Nación no tiene facultades para modificar los sistemas de habilitación y matriculación profesional.
“No hay sustento jurídico para ello. La habilitación y matriculación de los profesionales corresponde a las provincias y no fue delegada a la Nación”, afirmó.
Liotto sostuvo además que el corretaje inmobiliario no puede ser considerado una actividad comercial común, ya que implica responsabilidades vinculadas al patrimonio de las personas, la revisión de documentación legal y la intervención en contratos de relevancia económica.
Según explicó, esas tareas requieren formación específica, capacitación permanente y controles profesionales.
La dirigente también destacó que más del 95% de las operaciones inmobiliarias que se realizan actualmente en el país cuentan con la participación de corredores matriculados, mientras que apenas entre el 3% y el 5% corresponden a transacciones realizadas directamente entre particulares o sin intermediación profesional.
El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, pero se espera que lo haga durante junio, en medio de un debate que enfrenta la postura desreguladora del Gobierno con los planteos de los colegios profesionales sobre la necesidad de mantener estándares de capacitación y control en la actividad.
