La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que respondió de manera formal a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentó los descargos contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023. En ese marco, negó de forma categórica haber incurrido en incumplimientos administrativos o contables.

La entidad difundió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad (bis)”, dirigido a sus asociaciones afiliadas y a la opinión pública, en el que salió al cruce de las declaraciones realizadas en los últimos días por el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo.

En relación con el cambio de jurisdicción, la AFA rechazó que haya sido ilegal o realizado sin publicidad. Según precisó, la decisión fue aprobada en asamblea, supervisada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por ese organismo, que en noviembre de 2024 emitió el certificado de vigencia necesario para avanzar con la inscripción en la Provincia de Buenos Aires.

Luego, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas aprobó e inscribió el trámite y notificó esa decisión a la IGJ, de acuerdo con lo informado por la asociación.

Sobre los balances, la AFA sostuvo que todos los estados contables correspondientes al período 2017-2024 fueron presentados en tiempo y forma. Indicó que solo recibió una notificación formal —la vinculada al ejercicio 2017—, que fue respondida dentro de los plazos legales, y que el resto de las observaciones mencionadas públicamente nunca le fueron comunicadas por los canales previstos por la normativa.

En el mismo sentido, denunció demoras de hasta tres años en el análisis de expedientes, observaciones con defectos formales y el archivo de actuaciones sin fundamentos claros.

La entidad también recordó que durante esos años solicitó y obtuvo varios certificados de vigencia emitidos por la IGJ, en los que el organismo dejó constancia de que la AFA se encontraba al día con la presentación de balances y la documentación posterior a las asambleas. El último de esos certificados, fechado en noviembre de 2024, ratificó esa situación.

Otro de los ejes del comunicado apuntó al alcance del control estatal. La AFA afirmó que la IGJ no tiene facultades para aprobar o rechazar balances, una atribución que corresponde a los socios, y que su intervención se limita al control de legalidad formal. Además, señaló que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva del organismo bonaerense.

Por último, la asociación rechazó las acusaciones de ocultamiento de información y las expresiones que sugieren que se “escapó” de la jurisdicción porteña. También cuestionó lo que definió como una exposición mediática y política de un procedimiento administrativo en curso.

El comunicado fue difundido con la firma del presidente de la entidad, Claudio Tapia.

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