La ofensiva judicial contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un capítulo clave luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptara a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga una presunta evasión fiscal y retención indebida de fondos públicos.

La decisión, adoptada el viernes pasado, habilita al organismo recaudador —ex AFIP— a acceder plenamente al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, quedando así constituido como acusador privado directo contra la administración encabezada por Claudio Chiqui Tapia.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre, en la que se advirtió que la AFA habría retenido fondos correspondientes a los clubes afiliados sin girarlos al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura formal de la investigación e imputó a la cúpula dirigencial por el delito de evasión agravada.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento en la recolección de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero, lo que permitió acelerar el trámite del expediente y avanzar con medidas urgentes que, de otro modo, se habrían postergado hasta febrero.

Según consta en la presentación firmada por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a $19.353.546.843,85. El organismo detectó irregularidades en el ingreso del IVA, el Impuesto a las Ganancias y las Contribuciones a la Seguridad Social correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El detalle del reclamo indica que solo en concepto de retenciones del Impuesto a las Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones, mientras que por aportes a la Seguridad Social —descuentos efectuados a trabajadores de los clubes— el monto asciende a más de $8.600 millones.

En su escrito, ARCA sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito”, pero que aun así optó por no hacerlo. Para el organismo, la maniobra configura una apropiación indebida de caudales públicos, dado que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios del contribuyente, sino dinero del Estado desde el momento mismo de la retención”.

Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El juez ordenó una serie de medidas para reconstruir la denominada “ruta del dinero”, entre ellas el envío de oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA, con el objetivo de analizar movimientos financieros y determinar si los fondos retenidos fueron utilizados para obtener rendimientos mientras se postergaban las obligaciones fiscales.

Por su parte, la defensa de la AFA, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque hasta el momento no formuló descargos de fondo ni solicitó medidas probatorias.

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