El caso de Virginia Aparicio, la investigadora del INTA que fue exonerada luego de desarrollar estudios sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente, continúa generando repercusiones. En ese contexto, el periodista de Realpolitik Pablo Lenz analizó lo ocurrido y consideró que la situación no debe interpretarse como un episodio aislado, sino dentro de un escenario que, según su mirada, también alcanza a otros investigadores y organismos científicos.

En diálogo con GABAL, Lenz señaló que el caso de Aparicio adquirió una importante visibilidad, especialmente en las redes sociales, aunque remarcó que existen otros antecedentes que no tuvieron la misma repercusión pública. Entre ellos mencionó el despido de Lorena Diblasi, investigadora del CONICET, y el trabajo de otras científicas que habían realizado estudios sobre el contenido de las vacunas contra el COVID-19.

“Lo alarmante de esto, de por sí, ya es gravísimo, pero lo más alarmante es que no es un hecho aislado. Hay un patrón que alcanzó muchísima visibilidad con Virginia y algún fenómeno habría que estudiar por qué, pero bienvenido sea. Logró muchísima visibilidad el tema de Virginia, por lo menos en lo que es redes sociales”, expresó.

Sobre esos otros antecedentes, explicó que algunas investigadoras habían asumido el costo personal de realizar estudios y, al encontrar determinados resultados, elevaron sus observaciones para que fueran analizadas. “Dijeron: ‘Mirá, investigamos esto y encontramos estas cosas. ¿Por qué no estudian esto?’. En realidad, estamos en un lugar donde investigamos. Si descubrís un fenómeno, lo que corresponde es investigar a qué se debe”, planteó.

En esa línea, cuestionó que las respuestas institucionales puedan derivar en sanciones contra quienes desarrollan esas investigaciones. “No se trata de posturas tomadas o de una posición activista de estos científicos, sino simplemente de abocarse a la investigación”, sostuvo.

Al referirse específicamente a Aparicio, Lenz consideró que la situación reviste una gravedad particular porque, según indicó, se trataba de un trabajo impulsado desde el propio organismo. También cuestionó la forma en que se concretó la exoneración y mencionó el relato del abogado de la investigadora, Mario Bolla.

“En el caso de Virginia todavía es más grave porque es una investigación oficial, que el INTA mismo le propone. Después de que se hace un pase, mandan estas macanas que no tienen otra cosa que evidenciar que hay los famosos sobres o balitas detrás de todo esto, porque no hay justificación alguna”, afirmó.

Consultado sobre a quiénes atribuye estas decisiones, el periodista aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de una conclusión judicial. “Yo, obviamente, no soy juez ni fiscal, pero sinceramente no tengo duda de que es una cuestión siniestra y de intereses oscuros comerciales muy altos”, manifestó.

Según su interpretación, esos intereses estarían vinculados con distintas actividades productivas y comerciales, entre ellas la producción de alimentos y medicamentos. En ese marco, sostuvo que las voces que plantean interrogantes sobre determinados procesos o productos deberían poder desarrollar sus investigaciones sin recibir represalias.

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