El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Decreto 494/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece la venta del 90% de las acciones de la empresa que actualmente están en manos del Estado, y marca un nuevo paso en el proceso de desregulación y transferencia al sector privado de servicios públicos esenciales.

La decisión se formaliza luego de la modificación del marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales, que permitió el ingreso de capitales privados a la compañía, así como también habilitó los cortes del servicio por falta de pago.

La normativa establece que la privatización se realizará en dos etapas. Primero, se abrirá una licitación pública nacional e internacional para adjudicar al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico. Luego, el remanente de acciones será ofrecido en bolsas y mercados locales, sin contemplar la participación de trabajadores a través de un programa de propiedad participada.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y deberá garantizar que la transición no afecte la continuidad del servicio público. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir el déficit operativo de la empresa, que entre 2006 y 2023 recibió transferencias por US$13.400 millones del Tesoro Nacional, sin lograr una mejora significativa en productividad ni control de costos.

“El desarrollo de estas actividades por parte del Estado no ha sido eficaz ni eficiente”, señala el decreto, y agrega que la magnitud de inversiones necesarias para mejorar el servicio supera la capacidad financiera de AySA, por lo que se optó por la privatización como camino para garantizar mejoras en infraestructura y atención al usuario en el Área Metropolitana.

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