El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, aprobó esta semana dos resoluciones que refuerzan la estrategia de vigilancia e infiltración en entornos digitales. Con la Resolución 828/25, se establece un protocolo para el uso de “agentes encubiertos y reveladores digitales”, autorizando a las fuerzas de seguridad a asumir identidades falsas para investigar delitos en internet, sin precisar cuáles.

La medida alcanza a todas las fuerzas federales y al Servicio Penitenciario, y se justifica en el crecimiento de los delitos cometidos en redes sociales y sitios web. Sin embargo, llega en un contexto sensible: días atrás se filtró un presunto plan de los servicios de inteligencia para espiar a periodistas y dirigentes opositores, lo que generó fuertes críticas y sospechas de persecución política.

En paralelo, a través de la Resolución 829/25, Bullrich creó un Consejo Académico para formar a estos nuevos infiltrados digitales. El cuerpo estará presidido por el juez federal Ricardo Basílico y colaborará con capacitaciones específicas junto a la unidad especial de agentes encubiertos.

Desde la oposición y organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas pueden abrir la puerta a un control estatal desmedido sobre la actividad en línea, y denuncian una preocupante deriva autoritaria bajo el argumento del combate al crimen organizado.