La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una demanda judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, aprobada por el Congreso y suspendida por el Gobierno mediante decreto.

La decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo Superior de la casa de estudios, que fundamentó la medida en la necesidad de garantizar los derechos constitucionales vinculados a la educación pública y el respeto a la división de poderes.

Según la resolución universitaria, la suspensión de la ley “constituye una vulneración de derechos y un desconocimiento de la voluntad legislativa”. La UBA consideró que el decreto firmado por el Ejecutivo representa una “alteración del sistema republicano de frenos y contrapesos” y una “quiebra de la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por insistencia de ambas cámaras del Congreso, busca asegurar el sostenimiento del sistema universitario nacional, proteger la educación pública y recomponer los salarios docentes y no docentes. Su suspensión, advirtió la UBA, agrava la falta de recursos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y programas académicos.

En un comunicado, el Consejo Superior señaló que la falta de aplicación de la norma “constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

La institución subrayó que su presentación judicial busca preservar la autonomía universitaria y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. La demanda será presentada en los próximos días ante la Justicia Federal, acompañada de un pedido de cumplimiento urgente de la ley suspendida.