El abogado Mario Bolla, representante de Virginia Aparicio, presentó durante una entrevista con GABAL una serie de documentos que, según explicó, forman parte del sumario administrativo que enfrenta la investigadora. Se trata de un intercambio de cartas entre las autoridades del INTA y la coordinación europea del proyecto SPRINT, a partir de la decisión de interrumpir las actividades en Argentina.

Mientras leía los documentos, Bolla hizo hincapié en que la coordinación europea había solicitado explicaciones sobre los motivos de la suspensión y había cuestionado los argumentos vinculados con un supuesto exceso de competencias del organismo en materia de salud humana.

Para el abogado, las cartas son importantes porque permiten conocer qué respondió el consorcio internacional cuando el INTA comunicó que Argentina dejaría de participar del proyecto.

La carta del 7 de agosto del 2023: Europa pidió explicaciones

Bolla comenzó leyendo una comunicación fechada el 7 de agosto de 2023, dirigida a las autoridades del INTA. Allí, la coordinación de SPRINT solicitaba precisiones sobre los motivos de la suspensión de las actividades argentinas y sobre la interrupción de la comunicación de los resultados a los participantes.

El abogado se detuvo especialmente en un fragmento en el que la coordinación calificaba de vaga la justificación recibida. A partir de esa lectura, explicó que desde Europa no comprendían por qué el organismo argentino cuestionaba procedimientos que, según la documentación, se habían contemplado desde el comienzo del proyecto.

“Su carta de justificación es bastante vaga en este asunto”, leyó Bolla sobre la contestación europea a la misiva de INTA abandonando el Proyecto Sprint. 

Bolla continuó con la lectura de los argumentos de la coordinación europea, que hacía referencia a la existencia de especialistas en salud humana dentro del consorcio y a un comité de ética obligatorio. También se mencionaban los procedimientos y las aprobaciones que debían cumplirse en cada país.

El abogado destacó otro aspecto de la carta: la explicación sobre cómo se habían recolectado y trasladado las muestras humanas. Según el documento que leyó, en Argentina la toma de muestras había estado a cargo del jefe del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Balcarce, mientras que el envío a Europa se había realizado por canales institucionales, con intervención del área de Aduanas del INTA.

Al llegar a ese punto, Bolla remarcó que el propio intercambio mencionaba la participación de distintas áreas del organismo. “Esto le está diciendo la gerencia a la presidencia del INTA; es decir, no entendemos cuáles son las razones que aducen”, resumió sobre el sentido de la comunicación.

La respuesta del 14 de agosto y los protocolos del proyecto

El abogado también leyó una segunda comunicación, fechada el 14 de agosto de 2023, en la que la coordinación europea volvió sobre los argumentos utilizados para justificar la suspensión. Según explicó, la respuesta insistía en que los procedimientos se habían desarrollado conforme a los requisitos establecidos para los estudios, incluidas las aprobaciones éticas necesarias.

Bolla subrayó que la carta recordaba que las autoridades del INTA conocían esos procedimientos desde la firma del acuerdo de subvención, el 3 de junio de 2020. Además, indicó que la coordinación adjuntó los protocolos que Argentina había firmado a través del organismo.

Para el abogado, ese punto resulta central en la defensa de Aparicio, porque demuestra —según su interpretación— que la participación argentina había sido aceptada institucionalmente y que las condiciones del trabajo estaban documentadas.

“Cuando la presidencia del INTA adhiere al proyecto, ya sabía cómo era. Si no lo sabía, estaba todo convenido, pero firmado”, sostuvo.

Bolla comparó el acuerdo con un contrato de adhesión para explicar que, al incorporarse a una iniciativa internacional, una institución asume compromisos y acepta determinadas condiciones. Por eso, cuestionó que posteriormente se recurriera a los procedimientos vinculados con la salud humana para fundamentar las acusaciones contra la investigadora.

“Todo está documentado”: el argumento de la defensa

A partir de la lectura de ambas cartas, Bolla planteó que una de las principales imputaciones contra Aparicio está relacionada con la supuesta extralimitación del INTA al realizar muestreos vinculados con la salud humana.

“Quizás la principal de las acusaciones que se le está haciendo a Virginia y por la cual piden la exoneración es el tema de que el INTA se extralimitó al hacer muestreos en salud humana, siendo que desde el principio fueron objetivos establecidos por el INTA”, afirmó.

El abogado insistió en que, a su entender, existe una contradicción entre los procedimientos que el organismo había aceptado al incorporarse a SPRINT y los argumentos utilizados posteriormente para cuestionar la investigación.

“No se entiende ahora que digan este tipo de cosas de ella, cuando en realidad todo está documentado”, expresó.

Bolla también remarcó que la decisión de interrumpir las actividades y retirar a la Argentina del proyecto fue adoptada por las máximas autoridades del INTA. Desde su perspectiva, esa determinación no puede trasladarse de manera individual a Aparicio, quien coordinaba el trabajo argentino.

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