La quinta Marcha Federal Universitaria reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada coincide con el intento de la oposición de derogar el DNU 70/2023 y suma reclamos por la emergencia en discapacidad.

Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias participan de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tiene como destino el Congreso de la Nación. La movilización busca exigir al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Poder Legislativo.

La protesta se desarrolla en medio de un conflicto entre las universidades públicas y la administración de Javier Milei por la actualización de los salarios, las becas estudiantiles y los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones educativas.

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, sostuvo que el sector agotó las distintas vías de reclamo. “Hemos agotado todas las instancias, la calle, la vía institucional a través de la ley de financiamiento universitario”, afirmó al referirse al recorrido legislativo y judicial del conflicto.

El dirigente también cuestionó el incumplimiento de las decisiones institucionales y advirtió sobre sus consecuencias para el equilibrio entre los poderes del Estado.

Uno de los ejes centrales de la movilización es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Desde los sindicatos sostienen que los ingresos quedaron por debajo de los montos que corresponderían según la actualización prevista en la ley.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, frente a los $741.111 que, según indicó, le corresponderían con la aplicación de la norma.

En ese contexto, docentes universitarios también relataron que debieron recurrir a otras actividades laborales para complementar sus ingresos y afrontar los gastos cotidianos.

La jornada de protesta coincide con los movimientos de distintos sectores opositores en el Congreso para intentar derogar el DNU 70/2023, el decreto de necesidad y urgencia impulsado por Milei al comienzo de su gestión, que introdujo cambios en distintas áreas de la economía.

La movilización cuenta, además, con la participación de organizaciones sindicales y políticas, entre ellas la CGT, las dos CTA, ATE, La Cámpora y el Frente de Izquierda, entre otros espacios.

Durante la concentración se sumaron familias y trabajadores vinculados al sector de la discapacidad, que exigen respuestas ante las dificultades para sostener tratamientos, prestaciones y servicios esenciales.

De esta manera, la marcha reúne distintos reclamos sociales en una jornada marcada por la discusión sobre el financiamiento de la educación pública, el cumplimiento de las leyes y el papel del Congreso frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

El operativo de seguridad incluye cortes de tránsito y una importante presencia de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La movilización busca volver a poner en el centro de la agenda política la situación presupuestaria de las universidades públicas y la exigencia de que se cumpla la normativa vigente.

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