La decimoquinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante tuvo un debate sobre el pedido a los legisladores nacionales para que traten la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa generó diferencias entre los bloques, especialmente por las consecuencias del fallo de la Corte Suprema y los argumentos incluidos en el proyecto.

La concejal de Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo, defendió la propuesta y sostuvo que la discusión involucra la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales. Recordó que la Ley 26.737 establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y cuestionó que un decreto presidencial derogara una norma aprobada por el Congreso. “Esto se voltea con otra ley que deje sin efecto este artículo”, planteó, al pedir que diputados y senadores nacionales intervengan para restablecer la legislación.

Por su parte, Edgar Foglia, del PRO, manifestó estar a favor de la Ley de Tierras, pero explicó que no acompañaría el proyecto por sus cuestionamientos a la Corte Suprema. Consideró que el tribunal actuó dentro de sus facultades al resolver sobre la legitimación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas que presentó el amparo, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. “Estoy a favor del espíritu de la Ley de Tierras, con algunas salvedades”, aclaró.

El concejal de Primero la Patria, Javier Menonne, también respaldó la iniciativa, aunque propuso una precisión jurídica durante el debate. Sostuvo que un DNU puede derogar una ley únicamente si se cumplen determinadas condiciones constitucionales y cuestionó que existiera una necesidad y urgencia que justificara la medida. Además, señaló que actualmente alrededor de 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, según los datos que expuso en el recinto, y advirtió sobre el riesgo para los recursos estratégicos del país.

Desde Somos Buenos Aires, Gonzalo Scioli, pidió dejar de lado las diferencias partidarias y concentrar la discusión en la necesidad de establecer límites a la compra de tierras por extranjeros. Defendió la protección de las zonas fronterizas, el agua, los bosques y los minerales, además de las posibilidades de acceso a la tierra para los productores nacionales. “No ponemos en riesgo el puesto de un diputado o un juez de la Corte, ponemos en riesgo nuestros propios recursos”, afirmó.

Finalmente, Enrique Guillén, de La Libertad Avanza, cuestionó el tono que tomó el debate y adelantó que su bloque se abstendría. Explicó que la Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación, sino la legitimación de quienes impulsaron el amparo. También sostuvo que los extranjeros que compran tierras en Argentina deben cumplir con la legislación nacional y señaló que en el Congreso se estaba trabajando sobre la posibilidad de recuperar el límite del 15% previsto por la ley anterior.

Finalmente el pedido fue aprobado con 12 votos afirmativos, cuatro abstenciones y un voto negativo. Por otra parte, en las últimas horas, la Corte Suprema de la Nación, falló nuevamente y estableció la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, por lo que nuevamente se encuentra en vigencia la Ley de Tierras.

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