La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, habilitó una nueva función en su sistema interno que permite a los trabajadores desafiliarse de su sindicato de manera directa, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni atravesar procedimientos burocráticos. La medida fue anunciada por el gobierno de Javier Milei como parte de un conjunto de reformas orientadas a garantizar la libertad de asociación y reducir el poder de las estructuras sindicales.

“Es un paso más hacia la verdadera libertad sindical”, señalaron desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde la administración nacional explicaron que la iniciativa busca eliminar las “retenciones forzosas” que afectan los ingresos de quienes ya no desean estar vinculados a una organización gremial.

El anuncio se dio a conocer a pocas horas del Día del Trabajador y fue presentado como un gesto simbólico por parte del oficialismo. “Es una reivindicación de los derechos reales del trabajador”, aseguraron voceros del Gobierno. Según el Ejecutivo, durante años los trabajadores fueron obligados a financiar estructuras sindicales que en muchos casos no los representaban.

Desde ARCA aclararon que la herramienta no impide la sindicalización ni obstaculiza la actividad gremial. “Lo que se busca es garantizar que nadie sea obligado a pagar por algo que no eligió”, explicaron.

La medida se enmarca en un clima de debate legislativo, ya que actualmente la Cámara de Diputados discute una serie de proyectos que apuntan a reformar el funcionamiento de los sindicatos. Entre las iniciativas presentadas se destacan las que buscan prohibir la reelección indefinida de los dirigentes sindicales, eliminar los denominados “aportes solidarios”, garantizar la representación de las minorías internas y exigir mayor transparencia financiera.

Uno de los proyectos más integrales fue impulsado por Martín Tetaz (UCR), quien propuso reunir más de treinta iniciativas similares en una única ley. Luis Picat (UCR) y Gerardo Milman (PRO) presentaron propuestas orientadas a eliminar los descuentos sindicales obligatorios a trabajadores no afiliados. Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) buscaron limitar los vínculos financieros entre sindicatos, empleadores y partidos políticos.

También desde el oficialismo surgieron proyectos. La diputada Marcela Pagano (La Libertad Avanza) propuso que los aportes patronales destinados a capacitaciones sindicales pasen a ser voluntarios.

En conjunto, las medidas impulsadas por el Gobierno y sus aliados buscan transformar de raíz la relación entre Estado, trabajadores y gremios. Desde los sindicatos, en cambio, advierten que se trata de una ofensiva contra la organización obrera y anticipan una estrategia para frenar las reformas en el Congreso. El oficialismo, por su parte, sostiene que el objetivo es devolverle al trabajador la libertad de elegir.

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