La senadora bonaerense Malena Galmarini, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley que propone prevenir, sancionar y erradicar las expresiones negacionistas vinculadas al Terrorismo de Estado ocurrido durante la última dictadura militar en Argentina, entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

La iniciativa contempla la implementación de capacitaciones obligatorias para trabajadores del sector público provincial, además de establecer sanciones administrativas para funcionarios que incurran en prácticas consideradas negacionistas.

Según el texto presentado, se entenderá por negacionismo a toda afirmación o conducta que niegue la existencia del Terrorismo de Estado, el plan sistemático de exterminio llevado adelante durante la dictadura o que justifique los crímenes cometidos en ese período.

Asimismo, el proyecto incorpora dentro de esa definición a las expresiones que equiparen el accionar ilegal de organizaciones particulares con las acciones desarrolladas por agentes e instituciones estatales en el marco de la represión ilegal.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación del Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado, que estaría integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Cultura y Educación y organismos de derechos humanos.

El organismo también tendría la misión de desarrollar acciones vinculadas a los medios de comunicación, mediante la elaboración de protocolos de buenas prácticas y la sistematización de conductas públicas consideradas negacionistas.

En materia sancionatoria, la iniciativa establece que los funcionarios públicos que adopten posiciones o conductas negacionistas podrán ser sometidos a procedimientos disciplinarios administrativos.

Además, propone multas de entre 40 y 80 millones de pesos para quienes, de manera pública, nieguen o minimicen la existencia del Terrorismo de Estado o los delitos de lesa humanidad comprobados judicialmente, así como para quienes justifiquen los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Te puede interesar: