El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispuso la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora que desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y también integra el CONICET. La decisión quedó plasmada en el artículo 11 de una resolución administrativa, que aplica la sanción por la violación de prohibiciones establecidas en la normativa del empleo público nacional.

La medida se fundamenta en los artículos 28, 30 inciso d) y 33 inciso d) del anexo a la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional. La exoneración implica la desvinculación de la Administración Pública Nacional y constituye la sanción disciplinaria más severa prevista para sus agentes.

El origen del conflicto

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en investigación sobre suelos, agua y presencia de productos fitosanitarios. El proceso administrativo está vinculado con su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la exposición a plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. 

El conflicto tomó impulso en 2023, cuando el INTA suspendió la devolución de resultados a los participantes del estudio y posteriormente dispuso el retiro de Argentina del proyecto. La investigación había incluido a 73 personas del sudeste bonaerense, además de muestras ambientales y de alimentos. 

A partir de esos hechos se inició un sumario administrativo contra la investigadora. Según sostuvo su abogado, Mario Bolla, en una entrevista con GABAL, el expediente contenía ocho imputaciones que la defensa cuestionó por considerar que no tenían sustento suficiente. También anticipó que recurrirían a la Justicia si se concretaba la sanción. 

Un caso que generó repercusiones

La situación de Aparicio motivó pronunciamientos de organizaciones científicas, gremiales y de derechos humanos. APINTA expresó su rechazo a la posible exoneración, mientras que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires manifestó preocupación por el procedimiento y pidió garantías para el debido proceso, el derecho de defensa y la proporcionalidad de las sanciones. 

En Balcarce, el caso también llegó al Concejo Deliberante. La investigadora expuso ante concejales sobre el proyecto SPRINT y su situación administrativa, y planteó la importancia de que los resultados obtenidos puedan ser considerados en debates vinculados con la salud pública y el uso de productos fitosanitarios. 

Te puede interesar: