El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para impulsar la reforma electoral que se debate en el Congreso. En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes que respalda la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa oficial enfrenta dificultades para avanzar en las comisiones legislativas, por lo que la Casa Rosada comenzó a explorar alternativas que permitan alcanzar consensos con sectores dialoguistas de la oposición. Entre ellas, se analizan propuestas impulsadas por la Unión Cívica Radical (UCR) para modificar el sistema actual sin eliminar completamente las primarias.

Santilli quedó al frente de las conversaciones con los mandatarios provinciales, en una estrategia que combina los reclamos de las provincias por recursos y obras públicas con el respaldo a los proyectos prioritarios del Ejecutivo. Entre los gobernadores que participaron de las negociaciones figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes expresaron distintos niveles de apoyo a la reforma impulsada por el Gobierno.

Ante las resistencias para eliminar totalmente las PASO, el oficialismo estudia una propuesta presentada por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi. El proyecto plantea que las primarias dejen de ser obligatorias para los ciudadanos, exime de participar a los partidos que presenten listas únicas, incorpora un sistema de preinscripción de votantes y prevé mecanismos de validación digital de identidad para agilizar los procesos electorales.

Además de la discusión sobre las PASO, el Gobierno mantiene su intención de avanzar con otros cambios vinculados al sistema político y electoral. Entre ellos se encuentran la incorporación de la opción de lista completa en la Boleta Única de Papel, la implementación de la Ley de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia y la eliminación del financiamiento público destinado al funcionamiento de los partidos políticos.

La propuesta oficial también contempla ampliar los límites para los aportes privados de empresas y organizaciones a las campañas electorales, con el objetivo de modificar el esquema actual de financiamiento partidario y avanzar en una reforma integral del sistema electoral argentino.

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