El gobierno interino de Venezuela decretó este miércoles siete días de duelo nacional por las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron el país hace una semana y que, hasta el momento, han dejado cerca de 2.000 muertos, miles de heridos y un elevado número de desaparecidos.

La medida entró en vigor a las 18:00 hora local y fue anunciada por la jefa del chavismo, Delcy Rodríguez, quien afirmó que "el alma de Venezuela está desgarrada" por las pérdidas humanas y convocó además a una vigilia nacional en homenaje a las víctimas.

El decreto se produce en medio de crecientes cuestionamientos por las dificultades para el ingreso y la distribución de ayuda humanitaria y por las denuncias de comunidades afectadas que aseguran haber recibido una respuesta insuficiente por parte del Estado.

Según el último balance oficial, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles dejaron 1.943 muertos y al menos 10.571 heridos. La región más afectada fue el estado de La Guaira, en el norte del país, donde continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Las autoridades informaron que más de 80.800 familias recibieron algún tipo de asistencia y que en los operativos participan más de 26.000 efectivos venezolanos, junto a rescatistas internacionales, perros especializados y miles de voluntarios.

El impacto económico del desastre también es significativo. Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños en viviendas, comercios, vehículos e infraestructura ascienden a unos 6.700 millones de dólares, aunque la cifra podría aumentar a medida que avancen las inspecciones.

Mientras tanto, la ayuda internacional sigue llegando al país. España envió un contingente de cooperantes para instalar un hospital de campaña, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó 24 millones de dólares para financiar la respuesta sanitaria durante los próximos seis meses y asistir a unas 700.000 personas.

La OPS y las Naciones Unidas advirtieron que la emergencia entra en una nueva etapa, marcada por la presión sobre el sistema de salud, el riesgo de brotes de enfermedades y el creciente número de desplazados, mientras las necesidades humanitarias continúan aumentando en las zonas más afectadas.

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