El Concejo Deliberante trató en su 16ª sesión ordinaria un convenio firmado entre el Municipio y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) para la capacitación del personal del Hospital Municipal en el manejo de residuos patogénicos.

Si bien el proyecto obtuvo los votos necesarios para su aprobación, la oposición rechazó el acuerdo al considerar que el Ejecutivo lo puso en marcha meses atrás, sin la autorización previa del cuerpo legislativo.

Durante el debate, el concejal de Juntos, Gonzalo Scioli, defendió la iniciativa y destacó su impacto sanitario y ambiental dentro del hospital: “Estas capacitaciones son fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria y proteger el medio ambiente. De hecho, se redujeron de 12 a 4 los contenedores de residuos que se tiran. Sabemos que hubo una demora en elevarlo al Concejo, pero se debió a cuestiones burocráticas internas de la universidad”, explicó.

Sin embargo, desde la oposición los cuestionamientos apuntaron a la "falta de respeto institucional al Concejo", al haberse implementado el convenio antes de su tratamiento.

El concejal Martín Pérez, del Frente de Todos, argumentó el voto negativo de su bloque: “Estamos aprobando un convenio que cuesta más de 11 millones de pesos y que se viene realizando desde marzo. Si el oficialismo no tuviera mayoría, hoy quedaríamos ante un gasto efectuado sin respaldo legal. No se respetó al Concejo Deliberante y eso es grave”, señaló.

En la misma línea, el concejal Enrique Guillén, de La Libertad Avanza, adhirió al rechazo y cuestionó al Ejecutivo: “Van a convalidar algo que es un papelón. Esto empezó a ejecutarse en marzo y recién ahora se aprueba. Huele mal. Algunos empleados del hospital ni siquiera tienen noticias de que se haya dictado este curso. Estas cosas generan desconfianza”, manifestó.

El convenio, que contempla capacitaciones anuales en el manejo y disposición de residuos patogénicos, había sido renovado en dos oportunidades anteriores. A pesar de las críticas, el bloque oficialista Juntos lo aprobó con su mayoría, asegurando que la demora obedeció a trámites administrativos y que la formación continúa siendo necesaria para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias.