La desaparición de Diego Fernández Lima, ocurrida en 1984 cuando tenía 16 años, tuvo un giro impactante en mayo de 2025. Sus restos fueron encontrados en el jardín de una vivienda de Coghlan que, en aquel entonces, pertenecía a Cristian Graf, un excompañero de escuela y actual principal sospechoso del crimen.

El hallazgo fue posible gracias a trabajos de excavación ordenados por la justicia, que derivaron en el envío de muestras óseas al laboratorio para un cotejo genético. Los resultados confirmaron la identidad de Diego y, junto con pericias forenses, revelaron una lesión en una costilla compatible con un hecho violento, así como signos de manipulación del cuerpo posterior a la muerte.

Según la reconstrucción judicial, la última vez que se vio a Diego fue en la esquina de Monroe y Naón, a pocos metros del lugar donde habría sido enterrado. La investigación, a cargo del fiscal Martín López Perrando, enfrenta ahora un obstáculo central: la prescripción de la acción penal, dado el tiempo transcurrido desde el crimen.

La familia de la víctima busca impedir que el caso quede impune. En paralelo al proceso judicial, impulsan la llamada “Ley Diego”, una iniciativa para que los delitos graves cometidos contra menores de edad no prescriban con el paso de los años. “Esperamos que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más”, señalaron sus allegados.