El Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes firmaron un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sistema universitario nacional y abre la puerta al levantamiento de las medidas de fuerza que estaban previstas para la próxima semana.

Según informó el Gobierno nacional, el acuerdo contempla una actualización salarial total del 24,33%, que se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo y un 3% adicional en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Además, se resolvió una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio y un incremento de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios durante 2026.

En materia estudiantil, el convenio también prevé una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano, una de las principales herramientas de asistencia para alumnos de carreras estratégicas.

El acuerdo quedó sellado durante una reunión realizada en el Palacio Sarmiento, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes sindicales del sector.

Tras la firma, Álvarez destacó la voluntad de las partes para encauzar la situación. “Nuestra idea, como la de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical, es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es dar clase, que se recuperen los días perdidos y que se termine esta situación irregular en la cual están muchas universidades”, sostuvo.

La propuesta había sido presentada previamente por el Gobierno y recibió una buena recepción por parte de los rectores. Posteriormente fue analizada por los gremios docentes y no docentes, que finalmente dieron su conformidad para avanzar con la firma del acta.

Si bien el incremento acordado representa una mejora significativa, desde distintos sectores sindicales remarcaron que aún se encuentra por debajo de la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que estiman en alrededor de 45 puntos porcentuales.

Por otra parte, uno de los puntos que el Gobierno buscaba incluir en la negociación era el retiro de la demanda judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, iniciativa que no prosperó. La causa continúa en la Corte Suprema de Justicia, luego de que las universidades recurrieran a la Justicia para exigir la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.

Con este acuerdo, el Ejecutivo busca descomprimir un conflicto que atravesó gran parte del ciclo lectivo y que generó múltiples jornadas de paro y movilizaciones en universidades de todo el país.

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