La Justicia resolvió este miércoles extender por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa que se inició a raíz de audios filtrados del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal colaborador, Eduardo “Lule” Menem.

La investigación apunta a un presunto esquema de cobro de sobornos a laboratorios privados a cambio de contratos con el Estado. Según la denuncia, las compras millonarias a la droguería Suizo Argentina habrían alcanzado casi 30 mil millones de pesos sin licitación pública.

En paralelo, Casanello aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, que podrá acceder al expediente e impulsar su propia acusación. El organismo argumentó que los delitos investigados afectan al interés colectivo y al funcionamiento del Estado, por lo que deben tener control ciudadano.

Cuestionamientos a la investigación

El juez aún debe resolver dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina, vinculados a la eventual nulidad de la causa y a la cosa juzgada. Según la defensa, la empresa ya había sido investigada en el pasado por compras de la ANDIS y no se encontraron irregularidades, por lo que no correspondería reabrir el caso.

El abogado Martín Magram, representante de los hermanos Kovalivker, cuestionó además los recientes allanamientos a la empresa: “La orden contenía demasiada información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la compañía y puede afectar el abastecimiento de medicamentos en todo el país”.

Magram también defendió a los empresarios en relación al secuestro de dispositivos electrónicos: “No es que no entregan sus claves porque tengan algo que esconder. Seguramente la DATIP podrá abrir los teléfonos y comprobar que no hay nada”.

La causa, iniciada en agosto de 2024 tras la denuncia de Alejandro Díaz Pascual de la asociación civil Arco Social, se convirtió en uno de los expedientes más sensibles de la actualidad política, ya que involucra a funcionarios de máxima cercanía con el presidente Javier Milei.