El Gobierno de Javier Milei comenzó a intensificar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados del Congreso ante el intento de la oposición de avanzar con la derogación del DNU 70/2023, uno de los principales instrumentos legislativos de la primera etapa de la actual gestión.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de debatir el rechazo del decreto, que desreguló distintos sectores de la economía y modificó o derogó numerosas normas. El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que un nuevo rechazo en la Cámara baja implicaría su caída definitiva.

En la Casa Rosada consideran que la oposición no tendría los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. Según fuentes de la Mesa Política citadas por Infobae, las conversaciones con distintos sectores comenzaron esta semana y los gobernadores ocupan un lugar central en las negociaciones.

El escenario comenzó a tomar forma durante el viaje de funcionarios nacionales y gobernadores a París, donde participaron de distintas actividades vinculadas con la Argentina Week. Aunque públicamente no se anunciaron acuerdos legislativos, en el oficialismo admiten que podrían profundizarse las negociaciones entre la Nación y las provincias para conseguir respaldo en proyectos considerados prioritarios.

Entre las iniciativas que requieren acuerdos aparecen el Presupuesto 2027 y la Reforma Política, que contempla la suspensión de las PASO. Ahora, el DNU 70/23 se convirtió en otro de los principales puntos de discusión parlamentaria.

El decreto contiene 366 artículos y modificó una amplia cantidad de regulaciones. Entre sus disposiciones figura la derogación de la Ley de Tierras, una cuestión que volvió a quedar en el centro de la discusión después de que la Corte Suprema restableciera los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Si la Cámara de Diputados rechazara el DNU, distintas normas que fueron modificadas o suspendidas volverían a tener vigencia. Entre ellas se encuentran disposiciones vinculadas con los alquileres, las empresas de medicina prepaga, el abastecimiento, las góndolas y el comercio exterior.

También quedarían afectados distintos procesos de privatización de empresas estatales que se apoyaron en las modificaciones introducidas por el decreto.

El oficialismo, sin embargo, sostiene que la oposición no cuenta actualmente con los votos suficientes para alcanzar el quórum y avanzar con el rechazo. La Libertad Avanza cuenta además con el respaldo del PRO y de un sector de la UCR para intentar sostener la vigencia del decreto.

Dentro de la Mesa Política del Gobierno analizan distintas alternativas para evitar que una eventual sesión termine con el rechazo completo del DNU.

Una de las posibilidades que se analiza consiste en impulsar un proyecto específico para abordar el artículo relacionado con la Ley de Tierras, en lugar de permitir que se vote la totalidad del decreto.

Esta alternativa permitiría separar uno de los puntos que generaron mayor resistencia de la discusión sobre el resto de las reformas incluidas en el DNU.

Mientras tanto, algunos bloques aliados plantearon una serie de proyectos que podrían formar parte de las negociaciones parlamentarias. Entre ellos aparecen iniciativas vinculadas con la electromovilidad, la reforma de la Alerta Sofía, el aumento de penas para delitos contra la propiedad rural y la posibilidad de sembrar determinados cultivos en zonas próximas a las rutas.

Los bloques opositores también analizan distintas estrategias para restablecer los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Una de las opciones consiste en incorporar la restitución de la Ley de Tierras y la eliminación del artículo 154 del DNU 70/23 dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una propuesta planteada por el diputado Miguel Ángel Pichetto.

Otra alternativa contempla reflotar una iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada para establecer límites específicos a determinadas operaciones.

En el Senado, el bloque peronista impulsó además una propuesta para derogar únicamente el artículo relacionado con la Ley de Tierras. Esa vía permitiría preservar el resto del decreto y, al mismo tiempo, dejaría abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza su facultad de veto.

El rechazo completo del DNU, en cambio, tendría un efecto diferente porque no podría ser revertido mediante un veto presidencial.

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