Al referirse a los hechos de violencia vinculados con la Estudiantina, Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en "Polémica en GABAL", puso el foco en la responsabilidad de las familias y en las herramientas con las que cuenta el sistema para intervenir cuando un menor comete una conducta delictiva.

“Si es un menor de edad, obviamente los padres tienen toda la responsabilidad en este punto”, afirmó durante la entrevista.

Martínez Soto explicó que, según su descripción, el sistema judicial contempla situaciones en las que los adultos responsables se comprometen a intervenir ante una conducta indebida. Para ilustrarlo, planteó el ejemplo de un padre que acompaña a su hijo y asegura que se hará cargo de su educación. En ese supuesto, señaló que la causa puede archivarse.

En cambio, cuando la familia manifiesta que no puede manejar la situación, explicó que se abre la posibilidad de que intervengan organismos estatales de promoción y protección de derechos, que trabajan con los menores y sus familias.

El fiscal advirtió, sin embargo, que esos organismos enfrentan dificultades cuando la cantidad de situaciones que deben atender supera sus posibilidades. En ese contexto, destacó el trabajo de las agencias de promoción y protección de derechos de Balcarce, cuya labor diferenció de la situación que, según dijo, se registra en Mar del Plata, donde están saturadas de casos.

Para Martínez Soto, la respuesta no debe limitarse a la intervención penal. “La respuesta no es judicial, la respuesta es repensar nuestra sociedad”, sostuvo al plantear la necesidad de fortalecer la educación y el acompañamiento social.

Sus declaraciones sobre la Estudiantina se inscribieron, de esta manera, en una reflexión más amplia sobre la intervención de los adultos y las instituciones frente a las conductas de los jóvenes. El eje de su planteo fue que la actuación judicial debe contemplar tanto la responsabilidad por los hechos como las posibilidades de acompañamiento y educación.

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