El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego cuestionó la vigencia de la Ley 24.184 y sostuvo que el acuerdo bilateral constituye un “error geopolítico” para la Argentina.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó al Congreso de la Nación que derogue la Ley 24.184, mediante la cual Argentina ratificó el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado con el Reino Unido en 1990.

El funcionario planteó la necesidad de revisar el acuerdo a través de una publicación en su cuenta de X, en la que cuestionó que el Reino Unido continúe recibiendo beneficios derivados del tratado mientras persiste la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Dachary calificó la vigencia del convenio como un “error geopolítico” y sostuvo que el acuerdo garantiza al Reino Unido condiciones de “nación más favorecida”, además de contemplar mecanismos de protección para las inversiones británicas en la Argentina.

El pedido fue dirigido directamente al Poder Legislativo, ya que el funcionario mencionó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados en su publicación.

La Ley 24.184 fue sancionada en noviembre de 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, y aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990. El acuerdo establece que las inversiones de cada país deben recibir un trato no menos favorable que el otorgado a inversores nacionales o de terceros Estados.

El tratado también contempla la posibilidad de transferir libremente ganancias y establece mecanismos de protección frente a expropiaciones, además de procedimientos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias.

El convenio formó parte del proceso de normalización de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido iniciado después de la Guerra de Malvinas de 1982. Los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre 1989 y 1990, fueron centrales para restablecer los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Uno de los aspectos que podría dificultar una eventual salida del tratado es la cláusula que establece que determinadas inversiones realizadas durante su vigencia continuarían protegidas durante 15 años después de una eventual denuncia del acuerdo.

El reclamo de Dachary se produjo en un contexto de mayor tensión entre ambos países por la explotación de los recursos naturales en el área de las Islas Malvinas.

En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen en actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización argentina. También comunicó un incremento del presupuesto destinado a Defensa y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Además, el Gobierno nacional anticipó una denuncia penal contra cinco compañías relacionadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. La presentación se fundamentaría en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades vinculadas con recursos naturales en el área de las Malvinas que no cuenten con autorización argentina.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según la posición del Gobierno nacional, algunas de esas compañías habrían obtenido permisos de autoridades británicas para realizar tareas de exploración y extracción de hidrocarburos en el marco del proyecto Sea Lion.

El planteo de Tierra del Fuego se suma así a las nuevas medidas impulsadas por la administración nacional sobre la cuestión Malvinas, en un escenario en el que la explotación de los recursos naturales del archipiélago volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y diplomática argentina.

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