La votación en la Cámara de Diputados donde se trató el veto al aumento jubilatorio finalizó con 160 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 83 votos de la oposición y 6 abstenciones. Solo faltaron dos voluntades para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución Nacional para insistir con una ley aprobada por el Congreso. 

La ley establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 punto del PBI.

Además, la ley preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, lo que iba a redundar en un costo de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI según la OPC.

Entre quienes cambiaron de postura respecto a la primera votación, figuran cinco diputados de Pro que en junio pasado se habían abstenido: Martín Ardohain, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y María Sotolano. José Núñez, quien había estado ausente.

Los únicos diputados de Pro que se desmarcaron de sus pares y mantuvieron su voto a favor de la ley fueron Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero y Álvaro González. María Eugenia Vidal mantuvo su abstención mientras que Silvia Lospennato se ausentó.

El oficialismo también sumó a varios legisladores que responden a los gobernadores que pactaron alianzas con los libertarios en sus distritos. Entre ellos a Marcela Antola (Democracia para Siempre), quien responde al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. También a Pamela Verasay, Lisandro Nieri y a Soledad Carrizo, que tienen como referente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.