Durante la tercera sesión ordinaria del año, se generó debate, al momento de tratar una expresión de preocupación sobre la situación económica y financiera que está atravesando el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), lo que trajo además otro cambio de ideas sobre el cobro de una tarifa diferencial por parte de profesionales de la salud a la hora de llevar adelante una atención médica. 

El presidente del Concejo Deliberante Agustín Cassini explicó que la iniciativa presentada retoma un proyecto aprobado en 2024 y busca expresar nuevamente la preocupación por la crítica situación de IOMA. Señaló que persisten numerosos reclamos de afiliados, especialmente por demoras en traslados y autorizaciones para tratamientos complejos.

Cassini aseguró que incluso se han registrado casos en los que vecinos de Balcarce debieron pagar coseguros o diferencias para acceder a tratamientos oncológicos, algo que debería estar cubierto por la obra social.

Además, cuestionó la falta de acción legislativa a nivel provincial y pidió que se trate un paquete de proyectos que podrían mejorar el funcionamiento de IOMA, entre ellos la declaración de emergencia económica y financiera, y otro que propone otorgarle autarquía y autonomía administrativa al Instituto, para evitar la burocracia y acelerar el uso de los fondos aportados por los afiliados.

“El objetivo es poner nuevamente este tema en agenda. Lo hablamos con docentes, con la Defensoría del Pueblo local, que también intervino en reclamos. Hay situaciones que no pueden esperar porque se trata de la salud de la gente”, expresó.

El concejal Martín Pérez (Frente de Todos) coincidió en la preocupación por el funcionamiento de IOMA, pero consideró que el proyecto “tiene otras aristas” con las que no está de acuerdo. “Con una declaración de emergencia no se soluciona el problema de IOMA. Si eso fuera así de fácil, realmente lo acompañaríamos, pero estamos con la total y absoluta convicción de que el problema es mucho más serio y económico”, aseguró.

Planteó que la emergencia no aportará recursos porque la Provincia ya se encuentra en emergencia al no tener presupuesto aprobado. “Sería más importante pedirle a la Legislatura que apruebe el presupuesto, porque sin eso no se puede asignar más dinero a IOMA ni a ningún área”, opinó.

Reconoció que la situación de IOMA en Balcarce “mejoró” respecto al año pasado, aunque siguen existiendo problemas. “Nosotros no solo nos preocupamos, también nos ocupamos”, afirmó.

También cuestionó el accionar de profesionales médicos locales: “No tengo dudas, tengo certezas de que hay médicos que cobran aranceles diferenciados. Utilizan el quirófano, el personal del hospital, y luego cobran en sus consultorios privados. El problema es que quien tiene que denunciar es el paciente, y todos sabemos que el que necesita operarse no denuncia”.

Además, remarcó que “absolutamente todos o casi todos los médicos cobran sin factura, sin POSNET, sin billetera virtual, y sin dar boleta”. Y agregó: “Estamos hablando de aranceles de 15 o 20 mil pesos por persona, con 8 o 10 pacientes por día. Es una facturación importante, y si desconocemos esto, me equivoqué de lugar”.

Finalmente, insistió en que el problema de IOMA no es de conducción, sino económico: “Ojalá fuera un tema humano, porque sería más fácil de resolver. Pero es económico, y eso lo hace mucho más difícil”.

Por su parte, el concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, indicó que "la problemática de IOMA es mucho más seria que una simple emergencia” y remarcó que el conflicto es “netamente económico”. Dijo que si la solución fuera tan sencilla como declarar la emergencia, acompañarían la propuesta, pero “cambiar una cabeza no resuelve nada”.

Denunció que muchos médicos cobran aranceles diferenciados sin emitir facturas ni aceptan medios de pago formales, y que usan recursos del hospital público para operar a pacientes que atienden en el ámbito privado. “No tengo dudas, tengo certezas de que esto ocurre”, afirmó, aunque reconoció que es difícil denunciar porque quien debería hacerlo es el paciente, y “el que necesita operarse no denuncia”.

Guillén también criticó la falta de controles de AFIP sobre la facturación médica y comparó la situación con lo que ocurre en comercios minoristas: “Si un kiosco no da boleta, lo clausuran; acá se cobran 15 o 20 mil pesos por consulta y no pasa nada”.

Finalmente, insistió en que “el problema no es humano, es económico” y que la situación se sostiene porque “nadie quiere tocar los intereses de los laboratorios ni de los sectores médicos que lucran con la salud”, cerró. 

La expresión de preocupación por la situación de IOMA fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, tras el debate. 

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